El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU, de 1948, de la que Colombia es signataria, establece que, si bien “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.

La Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, establece en su artículo 19 “la obligación a los Estados Partes de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia y abuso”.

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Y en nuestra legislación interna, el compromiso con los niños no es menor.  Nuestra Carta Magna dispone, en su artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.

Nuestra constitución remata estipulando que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.  Los derechos de los niños son derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana, universal, de orden público y social y tienen que ser responsabilidad estatal prioritaria.

Estos ejemplos nos parecen suficientes para mostrar el grado de responsabilidad que, al menos en el papel, nuestro país ha asumido con los niños. Pero, en un contexto nacional e internacional donde se supone que la mayor protección de todos los Estados debe estar dirigida a aquellos que son el presente y el futuro de nuestra civilización, la tutela de sus derechos debe ser efectiva y la satisfacción de los gobernantes no puede radicar en copiosas legislaciones inanes.

En Colombia, el nuevo gobierno de Iván Duque se encuentra frente al desafío de un panorama crítico en cuanto a adopciones, salud, lactancia, explotación sexual, embarazo adolescente, delincuencia juvenil, trabajo infantil, drogadicción, reclutamiento forzoso y violencia, en general, entre otros muchos tópicos.  Ciertamente, la administración anterior no solamente no avanzó en el mejoramiento de las condiciones de nuestra niñez, sino que nunca entregó cifras claras, ni mostró estrategias ni políticas públicas definidas que evaluaran el impacto de los muchísimos recursos estatales para este fin, la mayoría de los cuales terminaron en corrupción.

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Ante esta situación, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que, esperando contribuir a que el nuevo gobierno logre superar la obstinada ineficiencia y la corrupción probada que, durante años, entorpecieron la acción del Icbf, buscamos hacer análisis, diagnóstico y sugerencias en cuanto a los dramas indignantes que les están robando la infancia a nuestros niños.

Por eso, Colombia por la Equidad quiere subrayar, en esta oportunidad, algunas áreas que nos parecen prioritarias en este debate:

Valga la pena considerar cifras, como que cerca del 20% de nacimientos en Colombia es de madres menores.  De los 147.762 niños nacidos registrados hasta junio de 2018, 29.152 son de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años de edad, según las estadísticas vitales del DANE.

Se estima que el 20% de las adolescentes gestantes vuelven a quedar embarazadas entre los 7 y 14 meses siguientes, y el 33 por ciento, entre los 14 y 24 meses siguientes.

El 52% de los casos de embarazos en menores, se produce en hijas de madres adolescentes.

Las estadísticas dicen también que el 17% de las mujeres entre los 13 y 19 años de edad iniciaron su vida sexual antes de cumplir los 14 años.

Nueve de cada diez niñas abandonan sus estudios luego de quedar embarazadas y desprotegidas.

Y estas cifras no cuentan los miles abortos de adolescentes en sitios clandestinos. Colombia es el país latinoamericano, después de México y Venezuela, con la mayor problemática respecto al embarazo de niñas y adolescentes.

 Las entidades gubernamentales, especialmente el Icbf, y su órgano superior, el DPS, tienen que generar la formación de una cultura de protección que impida que esto siga sucediendo.  Y la movilización social necesaria para ello debe ser realizada no solamente a través de campañas educativas, sino también de veedurías serias y de la sanción a la violación de las reglas que protegen esos derechos superiores de los niños y adolescentes. 

Cualquier tipo de utilización de la vulnerabilidad de un niño es un ataque a su individualidad y, por ende, a su desarrollo. Cada día en Colombia 64 menores son víctimas de violencia sexual. Cada hora son abusados sexualmente dos menores de edad. El más reciente reporte del Instituto de Medicina Legal, que advierte que, en los primeros ocho meses de este año, 15.408 han sido víctimas de este delito. En el mismo periodo del año pasado, hubo 2.207 casos menos, según los registros de la entidad, lo que significa un aumento del 17 %.

Como si esto fuera poco, el Ministerio de Trabajo reportó que todavía hay 869.000 niños trabajadores y Unicef afirma que hay 1.518.410 niños y niñas de Colombia por fuera del sistema escolar.

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Según cifras del Icbf, durante 2017, hubo 3.254 casos de abandono de menores en el país.

Y no podemos apartarnos del tema de la violencia sin referirnos al conflicto interno, que tan duro ha golpeado a nuestra niñez.  De los casi 8.300.000 víctimas del conflicto armado, 29% (2.382.086) son menores de 18 años, de ellos 94,4% ha sufrido desplazamiento y solo 0,3% ha retornado a su lugar de origen (Fundación Plan2017, repositorio de datos Bogotá, Colombia a partir de cifras de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, Uariv, 2017). Sin hablar de los más de 13.000 menores reclutados por grupos terroristas, de los 631 menores víctimas de minas antipersona, de los casi 700 que han sido secuestrados, de los 48.000 menores víctimas de homicidio, de los miles que han quedado huérfanos a causa del conflicto y de los miles de niños y adolescentes que han terminado inmersos en la criminalidad. Como confirma la Unidad de Víctimas, el 30% del total de víctimas del conflicto en el país han sido niños y niñas.

Y no podemos tampoco dejar de hablar del drama de los niños colombianos en cuanto a inseguridad alimentaria y nutricional: la situación es realmente grave. 68,2% de las familias de centros poblados y zonal rural dispersa del país con tres o más niños son pobres; si viven en las cabeceras, el porcentaje es de 65,7% y si están en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de 53,6% (Boletín técnico pobreza. Dane, 2016).

En lo que va corrido del año, han muerto 302 niños colombianos por desnutrición, sin contar a otros miles, cuyo deceso se debe a causas asociadas a este flagelo. 54,2% de los hogares colombianos se encuentran en inseguridad alimentaria (Encuesta Nacional Situación Nutricional-Ensin, 2015). Y todo esto al mismo tiempo que el Congreso está a punto de ratificar el tratado para ingresar a la Ocde, el reputado club “de los países de buenas prácticas”.   

A pesar de que la Nación destina un presupuesto de más de 10 billones de pesos al tema de la seguridad alimentaria, el tema está muy lejos de estar resuelto. Y lo que está en juego es la vida de nuestros niños.  Por eso, es indispensable una institucionalidad fuerte, eficaz y eficiente, no politizada, que proteja debidamente a nuestros niños.

Necesitamos que haya la debida articulación y focalización de recursos, y eso sólo puede venir de una decisión política de asumir el tema de la niñez como un asunto transversal y fundamental en el país.

Hay que unir todas las voluntades de organizaciones sociales, públicas, privadas y académicas, para que, en uno solo clamor, hacer una mesa de trabajo nacional por la niñez.  Esperamos que, de este laboratorio de ideas, salgan insumos para que el nuevo Gobierno alcance unos modelos de monitoreo permanente mucho más eficaces en cuanto al tema de la protección infantil. 

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Para terminar,  aplaudimos la iniciativa de la marcha del próximo sábado 20 de octubre,  convocada por diferentes organizaciones sociales y partidos políticos para que la protección a nuestros niños sea, por fin, la prioridad. Hacemos un llamado a todos los colombianos, de todas las orillas políticas, para que nos sumemos a esta marcha y hagamos oír la voz de Colombia por la niñez.