Por Beatriz Helena Makiud Montoya*

Frente al fenómeno migratorio de venezolanos a nuestro país queda demostrado que los colombianos nos hemos olvidado de que el asunto no es nuevo y de que alguna vez padecimos lo mismo.

La memoria selectiva de los colombianos permite asociar el fenómeno migratorio con una problemática de la que fue protagonista Colombia en los años setenta, cuando la bonanza petrolera de Venezuela incentivó la salida de más de un millón de colombianos hacia el país vecino; fenómeno que se repetiría a mediados de los ochenta a raíz de los altos índices de violencia derivados del conflicto armado nacional. Según ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 200.000 desplazados buscaron asilo y refugio en Venezuela, logrando en su gran mayoría ser nacionalizados.

De acuerdo con María Clara Robayo, integrante del Observatorio de Venezuela de la Universidad Externado, el éxodo de venezolanos hacia Colombia data de tiempos coloniales, solo que a partir de 2010 se ha intensificado a raíz de la crisis económica, política y social del vecino país. El fenómeno migratorio que se vive actualmente en Latinoamérica, ha desbordado la capacidad de atención de los países receptores, entre los que se encuentra Colombia, clasificado como el país con el mayor número de migrantes venezolanos (al 31 de marzo de 2019, 1.260.000, según el Ministerio de Relaciones Exteriores).

Han sido tres las olas de migración de venezolanos a nuestro país: la primera fue de empresarios atraídos por la globalización de la economía, como los dueños de Alimentos Polar, Congrupo y Farmatodo. Luego, tras la llegada de Hugo Chávez al poder se dieron dos nuevas olas: en el año 2005, la de ejecutivos de alto nivel, que trabajaban especialmente en la compañía petrolera Pdvsa, y  más tarde, hacia el año 2010, hubo una de profesionales y tecnólogos que huyeron motivados por la política de expropiación y los altos índices de inflación, producida esta última en gran parte por la devaluación del bolívar.

A raíz de la crisis humanitaria que vive actualmente Venezuela, estamos recibiendo  una nueva ola de migrantes en el país, la cual presenta elementos diferenciales de las previamente enunciadas, ya que los migrantes venezolanos del período 2005-2010 no fueron discriminados ni vulnerados en sus derechos, sino que fueron acogidos sin mayores obstáculos, a diferencia de los actuales migrantes, quienes han sido estigmatizados, revictimizados y han padecido situaciones de vulnerabilidad extrema, dada las condiciones de llegada a Colombia.

La migración venezolana es vista de manera negativa por muchos colombianos y en los últimos años se ha asociado con epidemias, incremento de la delincuencia común, usurpación del empleo, etc., estigmatizando la nacionalidad venezolana y llevándose consigo todas las garantías de sus derechos fundamentales. Ya no se trata sólo de la xenofobia, hemos trascendido de manera despiadada a la aporofobia, término acuñado por la Filósofa Española Adela Cortina, para referirse al “desprecio por el pobre”.

Si el éxodo venezolano fuese visto y tratado como lo que es: una crisis humanitaria, permitiría que los Estados receptores otorgaran el status de refugiados a los migrantes venezolanos, con todas las implicaciones que esto conlleva en materia de Derechos Humanos.  Algunos instrumentos internacionales que deberían tenerse en cuenta en este sentido serían la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención para reducir los Casos de Apatridia de 1961, el Pacto de San José de 1978, la Declaración de Cartagena sobre refugiados (1984), el Plan de Acción de Brasil de 2014, entre otros.

No obstante la difícil situación que viven los venezolanos en nuestro país, en la cual se les niega la materialización de sus derechos fundamentales, desde algunas instituciones se ha avanzado en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección. Tal es el caso de la Corte Constitucional Colombiana a través de la Sentencia T-178 del 14 de mayo de 2019, en la que se ordenan medidas para garantizar el acceso del niño al sistema de salud sin importar el estatus migratorio irregular de sus padres, con lo cual se sienta un precedente importante en esta materia.

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El llamado de atención es para que veamos la migración desde el punto de vista positivo y para que acojamos a nuestros hermanos venezolanos de la mejor manera posible. En este sentido, como país receptor podemos tener beneficios como: acercarnos a otras culturas, otras costumbres, visiones, conocimiento y desarrollo. Desmitificar su presencia en nuestro territorio, sería sin duda un buen comienzo.

*Estudiante de la maestría en ciencia política de la UDEA