En segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley 019 de 2017, conocido de manera informal como “ley de comida chatarra”, fue votado favorablemente en la sesión del pasado 12 de junio, pero las modificaciones que sufrió la ponencia aprobada en primer debate por la Comisión Séptima dejaron un sabor amargo entre los promotores de la iniciativa, por cuanto los legisladores eliminaron el capítulo referente a la regulación de los productos “de alto contenido calórico y/o bajo valor nutricional” mediante un etiquetado frontal, lo que era considerado la esencia del proyecto. Si bien todavía puede ser modificado en los dos debates que tendrá que surtir en el Senado, el hecho permite anticipar la complejidad de su trámite, en tanto están en juego los intereses de la industria de alimentos y bebidas y la intención de las organizaciones de consumidores y de  padres de familia de hacer transparente la información sobre el contenido de los productos que se venden, entre otros lugares, en los colegios y escuelas del país.

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Aunque hemos sostenido de manera reiterada que la primera preocupación para el Estado colombiano debe ser atender los problemas de desnutrición que aquejan a un importante número de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los territorios y a las poblaciones más vulnerables, no podemos ignorar la tendencia contraria y sus indicadores, que según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), muestra que uno de cada cuatro niños entre los 5 y los 12 años de edad padece sobrepeso u obesidad, mientras que entre la población adulta la cifra supera el 51%. Estas cifras llevaron a la Organización Panamericana de la Salud a recomendar al país la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados, lo cual debe complementarse con un adecuado acceso a fuentes de nutrición saludable, algo que según la Ensin no es posible para la mitad de la población colombiana.

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En tanto la educación es el factor esencial para la toma de decisiones acertadas en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, vemos oportuna la iniciativa de Red Papaz y de las demás organizaciones que la acompañan en su propósito, de promover la toma de conciencia y la cultura de una alimentación sana a partir de la información que los productores de alimentos y bebidas ofrecen sobre sus productos. En ese orden de ideas celebramos que, casi de forma paralela al debate del proyecto de ley, un juez de la República concedió una acción de tutela a la propia Red Papaz que obligaba a los canales privados de televisión a emitir los comerciales de la campaña “No comas más mentiras”, promovida por la entidad, con el ánimo de ofrecer información sobre los contenidos de los alimentos que se promocionan en esos mismos medios y, especialmente, en los ámbitos escolares. Y si bien el capítulo sobre el etiquetado no está, por ahora, incorporado al proyecto de ley, son valiosos otros elementos de la iniciativa, como el capítulo relativo a la comunicación para la salud, que asigna al MinTic y a los ministerios de Educación y Salud, el diseño de herramientas pedagógicas con información sobre las causas y la prevención de las Enfermedades No Transmisibles, o el de las acciones públicas en favor de los hábitos de vida saludable.

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Lo relativo al etiquetado es un debate que sigue abierto y, en este sentido, vale la pena  revisar las razones por las cuales el Legislador puede haberlo dejado al margen del proyecto de ley, las mismas que seguramente volverán a ser analizadas en la próxima legislatura y que, a nuestro modo de ver, no se reducen necesariamente a la acción del lobby de la industria de los alimentos o de gremios como Fenalco y la Andi que, según la información ofrecida por la prensa capitalina, tuvieron una activa participación en el debate de la Cámara. Entre los argumentos de los gremios destaca que el etiquetado no debe establecerse por ley sino mediante un reglamento técnico emanado del Ministerio de Salud, puesto que, de aprobarse, el modelo chileno del octágono negro con letras blancas en el frente del producto no está homologado en los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio y, por ende, podrían convertirse en “obstáculos técnicos” para su comercialización.

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Más allá de cuál autoridad y con cuáles criterios se debe realizar el etiquetado, consideramos como asuntos de fondo, primero, que la información publicada sea entendible  por parte de los ciudadanos puesto que, de  hecho y según una encuesta de Red Papaz, la mayoría de las personas no entienden la información de las etiquetas actuales, por lo que añadir una etiqueta nueva no puede hacerse a la ligera. Y, segundo, que sería un error considerar a la industria de los alimentos como “la mala del paseo”, cuyo propósito es dañar a la población con sus productos sino, por el contrario, escuchar sus razones y sus consideraciones para tomar decisiones que no afecten su sostenibilidad ni su competitividad pues, como lo hemos expresado en otras circunstancias, al fin de cuentas es el sector formal, el que genera empleo y le da valor a la economía, el que debe cargar con los costos de  las regulaciones, mientras la informalidad se salta las normas, evade los controles y compite de manera desleal. Reconocemos la urgencia del debate, que no es solo de Colombia, sino de muchos otros países, pero creemos que sacar adelante el control de la obesidad, el fomento de la alimentación saludable y la promoción de la información en salud pública, no puede ir en detrimento de la industria nacional.