En la mañana de este jueves, en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia, se llevó a cabo la tercera de las cuatro reuniones anuales del Comité Departamental de Justicia Transicional.  Los integrantes establecieron que las prioridades y a la vez los vacíos que se encuentran son la atención a las víctimas, reubicación, desminado y amenazas contra defensores de derechos humanos. 
 
Para responder a las inquietudes y como una estrategia de visibilizar, valorar y apoyar la gestión de estos líderes sociales, el Comité en pleno aprobó una reunión con todos los representantes de las entidades que integran el Comité y con la participación de los Diputados, Defensores y comunidad afectada, el 10 de diciembre en el recinto de la Asamblea Departamental.
 
Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno del Departamento, destacó además el seguimiento que se hace al tema de retorno y reubicación de personas víctimas de la confrontación. "Se analizó la situación del departamento en cuanto a retornos y reubicaciones de las víctimas, se ha acordado en este aspecto que es importante definir un protocolo que fusione la actividad de la Agencia Nacional de Tierras con la Unidad de Atención a las Víctimas porque observamos que no están informando al departamento de Antioquia sobre estas situaciones", enfatizó.  

Recordó la funcionaria que no hay atención en salud, educación y no se tienen programas claros de vivienda, afectando directamente a las alcaldías que no están preparadas para asumir este compromiso institucional. "Las dejan sin un plan integral. Crean caos en los municipios porque los alcaldes no tienen presupuesto para atender a estas personas", señaló. 

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En cuanto a la reubicación de las víctimas, evidenció que hay un gran problema en el departamento. "En Ebéjico, Yondó y Mutatá el Gobierno Nacional está haciendo unas ubicaciones de víctimas que no son de Antioquia, la Procuraduría hizo esa alerta temprana de que no es lógico, se quedó en que se va a hacer un comunicado desde el Comité de justicia transicional para que la Agencia Nacional de Tierras explique el por qué".

Otro de los aspectos analizados fue la amenaza del Eln de minar el Chocó, aspecto que según Ramírez se demostró en parte del territorio de Murindó, donde se hará un plan contingente de desminado. Por dicha situación, en conjunto se hará un sesión entre el Comité de Justicia Transicional de Antioquia y Chocó.

En cuanto al último de los puntos, la reunión del 10 de diciembre, Ramírez reiteró que "se va hacer el comité de justicia transicional ampliado con todas las víctimas, lo que nos permitirá hacer como una radiografía de todo lo que hoy sucede en el territorio. Finalmente enfatizó en la necesidad de elaborar un plan para la protección y prevención de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ante el aumento de denuncias".