Más de 500 personas de los doce municipios de influencia del proyecto Hidroeléctrica Ituango se inscribieron para hacer su exposición en la audiencia pública ambiental celebrada este jueves en el municipio de Santa Fe de Antioquia, para manifestar las inconformidades de la comunidad sobre la pretensión de la empresa EPM de modificar la licencia ambiental de este proyecto, aprobada por el Ministerio de Ambiente en 2009.

Aproximadamente 1.200 personas asistieron a esta jornada, en la que 141 de ellas tuvieron el espacio para manifestar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las consecuencias e implicaciones que tendría esta modificación de la licencia en los municipios del proyecto Hidroituango, que se localiza sobre el río Cauca y ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, donde se construyen las obras principales y de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal.

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A la licencia ambiental por la que la comunidad reclama ya se le han hecho varias modificaciones, pero la que motivó el proceso de revisión por parte de la Anla fue la solicitada el 6 de junio de 2017, cuando se pidió un adicional referente a la disminución de la obligación de remoción de la cobertura vegetal durante la adecuación del vaso del embalse.

Concretamente, la modificación que pide este proyecto es dejar de remover vegetación durante la adecuación del vaso del embalse de 2.329,80 hectáreas a 1.129,92 hectáreas, lo que significa que en las zonas en las que no se removerá al 100 %, el embalse los inundará habiendo debajo especies de plantas que se descompondrán. Al ser estos espacios el hábitat de diversas especies, estas también se verían afectadas.

Andrés Felipe Torres, profesional ambiental del proyecto Hidroeléctrico Ituango explicó que esta audiencia hace parte del proceso de evaluación de esta licencia ambiental, en la que la cantidad de la cobertura vegetal a remover fue impuesta por la autoridad ambiental en la licencia.

Según Torres, la solicitud de modificar la licencia se instauró “basada en argumentos de orden técnico y del personal que trabaja en las obras dado que en la zona se encuentran unas altas pendientes, tenemos una ausencia marcada de vías de acceso y con características técnicas necesarias para realizar la extracción de este material vegetal y el tema de calidad del agua, que era un tema que ampliamente le preocupaba a la autoridad ambiental“.   

Uno de los argumentos de la comunidad, en la que una de sus actividades económicas es la pesca, es que los peces mueran por la vegetación que quedaría bajo el agua, dejando sin sustento a diversas familias, asunto que el vocero del proyecto controvirtió.

“El problema de calidad del agua que hemos detectado prevé que en el embalse del proyecto Ituango está asociado a la calidad del agua actual que tiene el río Cauca, es decir si lo que se busca es mejorar la calidad del agua del embalse, el asunto será una cuestión de la cuenca más que una ejecución de una medida de manejo ambiental que ya hemos verificado, tiene muy poca incidencia en esta calidad”, detalló Torres.

Por su parte, Luz María Durango Chancí, habitante de la vereda Carauquia (Buriticá, Occidente antioqueño) relató a EL MUNDO que este aspecto afecta su forma de sustento. “Siempre desde que hemos vivido en Oro Bajo, en Sabanalarga, hemos estado en el río, ahí nos crió mi mamá, ahí levantamos nuestros hijos y ahí estamos”, recordó.

El proceso

El proyecto hidroeléctrico, el más grande del sector, está a cargo de la sociedad Hidroeléctrica de Ituango S.A. E.S.P., conformada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), Empresas Públicas de Medellín (EPM), el departamento de Antioquia, la CHC, la Nación, la FEN (Financiera Eléctrica Nacional S.A) y otros accionistas minoritarios.

En la audiencia estuvieron presentes además la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez y los alcaldes y personeros de algunos municipios del área de influencia del proyecto.

La secretaria de Gobierno de Antioquia, como delegada del gobernador, dijo que su objetivo era escuchar a la comunidad y sus inquietudes, buscar un equilibrio social, cumplir con las  agendas planteadas y contribuir al trabajo que vienen realizando en conjunto. Además, apuntó que este asunto se podría discutir en un consejo departamental.

Cabe mencionar que esta revisión no fue solicitada por los doce alcaldes, sólo por los de San Andrés de Cuerquia y Briceño; y tres entidades sin ánimo de lucro, que cumplieron con el requisito de reunir al menos 100 firmas.

Ante la solicitud, en diciembre de 2017, la Anla realizó tres reuniones informativas en Toledo, Liborina y Peque, en las que la comunidad expresó sus inquietudes y los representantes de la empresa explicaron detalles técnicos, sociales y económicos del proyecto.

A su vez, el proyecto hidroeléctrico dio a conocer que realizó 51 reuniones informativas sobre la modificación de la licencia, con una asistencia 1.150 personas.

Cabe anotar que las dos comunidades más cercanas a la llamada cola del embalse y de obras principales sí tendrían la remoción del 100%, además de que se invertirán los recursos en otros tres frentes, que argumentan traerá menos impacto ambiental.

Tras esta audiencia, la Anla tiene cinco días para redactar el acta, que servirá de insumo para tomar una decisión sobre la solicitud. A su vez, contará con el tiempo estipulado en el decreto 1076 de 2015 para continuar con la evaluación del trámite, estimando que sea un mes.

El estudio

No obstante, la comunidad ha considerado, al igual que los académicos, que la probabilidad de remover cierta cantidad de vegetación podía preverse desde el inicio, sin tener que modificar la licencia ambiental, como ya ha ocurrido con varias modificaciones.

Al respecto de este interrogante, el vocero del proyecto señaló que este habría identificado que el problema de la calidad del agua no era directamente asociado a la cobertura vegetal. Así, el Grupo de Investigación Aliados con el Planeta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia reconoció que si hubo errores del cálculo, estos deben ser remediados por la empresa, sin perjudicar el aspecto ambiental.

Ante este interrogante, la Hidroeléctrica respondió que: “Nosotros habíamos propuesto remover solamente 615 hectáreas de vegetación en la franja de oscilación del embalse. Del 2009 para acá, el proyecto ha realizado nuevos estudios financiados por el BID y realizados por la Universidad de Cantabria (España), la empresa acuática y la empresa colombiana Grupo elemental y nos permitió tener muchos más argumentos técnicos y de peso que el modelo que teníamos inicialmente y con este volvemos otra vez a la autoridad ambiental a pedir la modificación”, apuntó el profesional ambiental de Hidroituango.   

Aunque admitieron que algunos de los argumentos para esta modificación son válidos, los académicos determinaron que se pudo haber previsto con anterioridad. “Son condiciones que en muy poco tiempo no van a cambiar, ¿Por qué no se tenían estipuladas al momento de hacer el estudio? ¿Por qué no se reconocieron dichas condiciones de impacto ambiental? y ¿por qué no se tomaron medidas en este instante? Hay cosas que se descubren cuando estamos en campo, pero ya sabíamos que era un terreno inestable”, cuestionó Jésica Sánchez, integrante del grupo de investigación.

“Otro punto que nos llamó la atención fue la modelación que hicieron hacia los gases de efecto invernadero, que juegan un papel muy importante y en estos se debe tener mucho control, ya que está ratificado en el Acuerdo de París”, señaló Sánchez. Por ello, otra de las sensaciones es que faltó mano académica en este proceso.