Por un lado, el Ministerio de Minas avanza en la primera subasta de contratación a largo plazo, que abre el espacio a la integración de las fuentes renovables; por otro lado, la Creg convocó la subasta de confiabilidad para hacer frente a la expansión que el sistema requiere y a la contingencia de Hidroituango.
Colombia espera incrementar el potencial de generación de energías solar y eólica mediante la subasta de largo plazo.
Desde 2013, cuando Colombia comenzó a adquirir compromisos internacionales en materia de energías renovables con miras a promover el desarrollo económico sostenible y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, el Gobierno Nacional empezó a construir una política pública encaminada a fortalecer, complementar y diversificar la matriz energética, dando cabida a las energías renovables no convencionales dentro del Sistema Energético Nacional.
La iniciativa, acorde a las tendencias mundiales de producción limpia y reducción de la huella de carbono, adquirió notoriedad cuando en mayo del presente año la contingencia ocurrida en la construcción de la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) puso al país a pensar en la manera en que se iba a reemplazar la energía que ese proyecto, el más grande en la historia de Colombia, iba a dejar de generar.
Según la planeación de largo plazo de las autoridades del sector minero energético, en la subasta de energía celebrada en 2008 el entonces denominado proyecto Pescadero Ituango se había comprometido a generar, a partir de 2018, 1.085 GWh / año, valor que se incrementó a 4.567 GWh / año a partir de 2021 en la subasta celebrada en enero de 2012, cuyo margen de planeación estaba en el rango de 2016 a 2022.
Y si bien, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, y el Ministerio de Minas y Energía, el país cuenta con la suficiente energía en firme para atender el crecimiento de la demanda, por lo menos hasta el año 2020, tanto el Ministerio como la Comisión pusieron en marcha, casi de manera simultánea, dos subastas; la primera de ellas, denominada de largo plazo, para integrar al sistema 3.443 GWh / año a partir de diciembre de 2022, y la segunda, denominada de expansión del Cargo por Confiabilidad, también para el período 2022-2023 la cual, según le confirmaron a ELMUNDO.COM fuentes del viceministerio de Energía, incluye un incentivo para los proyectos que puedan entrar en operación antes de esa fecha, es decir en el año 2021 o antes.
Según el viceministro de Energía, Diego Mesa, la principal diferencia entre las dos subastas es el producto. “Para la subasta del cargo por confiabilidad el producto es energía firme, es decir, energía que se garantiza para entregar hora a hora por parte de los generadores, incluso en las condiciones más críticas del sistema”, como por ejemplo la presencia del fenómeno de El Niño, mientras que para la subasta de contratos de energía media a largo plazo “el producto es energía medía en un periodo de un año, sin compromiso horario”.
A su vez, la presidente de Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Acolgén, Ángela Montoya Holguín, ilustró que la subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad “busca garantizar la energía suficiente para brindar seguridad en la atención y respaldo para el abastecimiento continuo de energía en el sistema”.
Santiago Ortega, director de la Estrategia de Energías Renovables de la Universidad EIA, Energeia, explicó que históricamente las subastas que se han hecho en Colombia son las de cargo por confiabilidad puesto que “como aquí tenemos el fenómeno de El Niño, necesitamos tener energía confiable durante esos periodos”.
“Se les dice a los generadores que se necesita energía confiable y al precio más barato; cuando un generador se gana esa subasta, se le paga a un cargo fijo, así fue como se expandió el sector eléctrico en Colombia”, añadió y aclaró que “las fuentes renovables no pueden dar esa confiabilidad” puesto que no se pueden almacenar ni el viento ni la radiación solar, como sí se almacena el agua en un embalse o el combustible para una planta térmica.
En efecto, según el viceministro de Energía, desde el año 2006 se vienen realizando las subastas de Cargo por Confiabilidad “con el objetivo de satisfacer las proyecciones de demanda de energía eléctrica en el país”. Lo que se adjudica en cada subasta se denomina Obligación de Energía Firme que se exige a los generadores en condiciones críticas del mercado, mientras la subastas de contratos de largo plazo, es un nuevo instrumento cuyos objetivos, según el Decreto 570 de 2018, pasan por “aumentar la resiliencia de la matriz de generación a través de diversificación, aprovechar la complementariedad de los recursos renovables, aumentar la seguridad energética regional y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Si bien el Ministerio de Minas hace énfasis en que la subasta de contratos de energía media a largo plazo se definió previamente a la situación de Hidroituango y “fue estructurada para promover proyectos de generación de energía que le aporten diversificación, complementariedad, seguridad energética regional y reducción de emisiones a la matriz de generación actual”, el hecho de que los generadores que resulten seleccionados vayan a incorporar nueva energía al sistema a partir del año 2022, va a permitir gestionar de mejor manera los efectos de la contingencia de Hidroituango.
“La subasta de largo plazo se venía pensando y se venía estructurando desde el año pasado, porque era la forma como el ministerio estaba pensando en expandir el sistema e iba a haber solamente esa subasta. Pero cuando llega lo de Hidroituango, cuya energía iba a dar confiabilidad hasta 2025 y no se iban a requerir nuevas subastas de confiabilidad, entonces se abre una nueva para cubrir el hueco que deja”, dijo el director de Energeia, Santiago Ortega.
De hecho, la resolución de la Creg que convoca la subasta de Cargo por Confiabilidad, plantea un esquema de incentivos a la entrada temprana, que beneficia a los generadores que puedan empezar a cumplir obligaciones de energía firme (OEF) entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022.
“Si la planta o unidad de generación inicia operación comercial antes del 1 de diciembre de 2021, el agente que la representa podrá anticipar el inicio del periodo de vigencia de la OEF que le fue asignada en el proceso de subasta y obtener una remuneración adicional”, señala el artículo octavo de la resolución que convoca a la subasta. Tal remuneración adicional corresponde a dos dólares americanos por megavatio/hora sobre el precio de cierre de la subasta.
Ahora, si bien la subasta de largo plazo está pensada para diversificar la matriz energética y en tal sentido las fuentes no convencionales son el objetivo, ello no significa que los generadores de este tipo de energía no puedan participar en la subasta de cargo por confiabilidad.
A favor de esa participación habría que decir, como lo explica el docente e investigador Santiago Ortega, que en términos de infraestructura es mucho más fácil construir una planta solar que una hidroeléctrica o una térmica. El problema, según explico el viceministro de Energía, Diego Mesa, es que “los proyectos que utilizan fuentes energéticas variables, como solar y eólica, por sus mismas características no pueden ofrecer mucha energía firme (entre 10% y 20% de su capacidad instalada), por lo que su participación en la subasta de cargo por confiabilidad sería marginal”.
“Las renovables nunca van a ser el principal motor generador del país, porque un embalse es un batería muy grande y la solar y la eólica no se puede almacenar. Cuando se tiene la combinación, funciona muy bien”, enfatizó Ortega.
Si bien Empresas Públicas de Medellín, EPM, constructor y socio del proyecto Hidroituango, no quiso referirse a su posible papel en las dos subastas abiertas puesto que “la empresa está acabando de afinar su estrategia y por el momento no considera oportuno pronunciarse al respecto”, según le dijo uno de sus funcionarios a ELMUNDO.COM, lo cierto es que tanto en la de largo plazo como en la de confiabilidad tiene espacio para intervenir.
La existencia del parque eólico Jepirachi en La Guajira, con una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia nominal mediante quince aerogeneradores de 1,3 MW cada uno, le permitiría optar por un contrato en la subasta de largo plazo mientras que el propio proyecto Hidroituango, podría ser incluido en la subasta de Cargo por Confiabilidad, en los términos del artículo 9 de la resolución que la convoca.
Tal artículo señala que las plantas o unidades de generación que hayan recibido asignaciones de obligaciones de energía en firme (OEF) en subastas anteriores “podrán participar en la asignación de OEF de la subasta de que trata esta resolución” si, por un lado, están en operación y cuentan con energía en firme no comprometida o, por otro lado, si están en construcción y tienen energía en firme no comprometida, tal como era el escenario de Hidroituango tras la subasta de enero de 2012.
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