Seis votos a favor y cinco en contra fue el resultado de la deliberación del proyecto de acuerdo, con el que el Concejo de Jericó prohibió la minería de metales, argumentando la protección de su patrimonio ecológico, turístico y su vocación agropecuaria.

Los miembros de la corporación también exigieron más presencia del Estado y respeto a su autonomía para determinar su orientación productiva y el uso del suelo.

Jericó sería el segundo municipio antioqueño que toma una decisión de esa naturaleza, ya que el pasado 28 de mayo el Concejo de Támesis avaló la misma iniciativa.

“Hoy es una fecha inolvidable para el municipio de Jericó. Me duele el ecosistema y las compañías mineras lo han atacado en forma despiadada; defendemos el territorio ante los embates de la compañía minera AngloGold Ashanti, la cual ya había iniciado exploración en varias zonas de esta localidad, en busca de oro y cobre”, afirmó el concejal Óscar Bermúdez, uno de los seis ediles que le dieron el voto afirmativo a este iniciativa.

Los promotores del “no” a la minería de metales en este municipio argumentaron que se conserva esa reserva hidrológica en contra de la explotación minera y en favor de la calidad de vida de sus habitantes, de un ambiente sano y de la producción cafetera, ganadera y agropecuaria.

El alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez Fernández, indicó que tiene un plazo de 10 días para sancionar el acuerdo y coincidió en que se trata de un acontecimiento histórico para el municipio. “El territorio está reclamando ser tenido en cuenta para las decisiones sobre el uso del suelo y la explotación de su territorio”, argumentó.

“El llamado es a la unidad, porque los jericoanos tenemos que seguir siendo los mismos y tenemos que aceptar esta decisión como un llamado frente a las grandes propuestas nacionales. Debemos estar unidos frente a la decisión de cuidar nuestro municipio y proteger nuestro territorio; no queremos la minería de metales”, sostuvo el alcalde.

Rodrigo Negrete, abogado que defendió las facultades que tienen los Concejos para decidir sobre sus territorios, ratificó la validez de la decisión indicando que “está claro el marco jurisprudencial, que les permite a los municipios prohibir este tipo de actividades que son impactantes, deteriorantes y que causan tantos conflictos medioambientales. Es un logro que convierte a Jericó, junto a Támesis, en unos referentes para todo el país”.

Negrete valoró este hecho como una bola de nieve que puede seguir creciendo y convertir a todo el Suroeste de Antioquia en una región libre de minería de metales.

Jovany Zapata Hernández, concejal ponente del proyecto de acuerdo, explicó que “este es un llamado a los gobiernos a que, por favor, cumplan con los artículos de la Constitución que le dan prioridad a la actividad agrícola y a la protección ambiental”.

“Nuestra vocación ha sido agrícola y la defenderemos. Somos agrícolas, no mineros”, agregó el concejal Diego Alexander Castañeda, quien también apoyó esta decisión.

Otro corporado, John Jairo Arcila, sostuvo que el Estado que debió consultar el otorgamiento de títulos mineros antes de que lleguen las empresas a los territorios, las modificaciones del uso del suelo con los municipios, como lo ordena la constitución.

Anglogold Ashanti reaccionó a la decisión a través de un comunicado, en el cual afirmó que si bien respetan las autoridades y entidades regionales y locales, “lamentamos la decisión tomada por el Concejo de Jericó, decisión que además de ser inconstitucional, siembra un grave precedente para quienes buscan invertir en el país, los departamentos y los municipios de Colombia”.

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“El acuerdo aprobado tiene consecuencias para nuestro proyecto de minería subterránea de cobre en jurisdicción del Municipio; proyecto que necesita varios años de estudios e inversión para definir su viabilidad y ser presentando a comunidades y autoridades en el proceso de licenciamiento”, sostuvo la empresa.

“Entendemos los temores de la comunidad respecto a la minería, pero en los 12 años que llevamos en el territorio, no hay daños en el medio ambiente ni contaminación en el agua, y sí un continuo relacionamiento con las comunidades locales; evidenciando así nuestra responsabilidad social y ambiental con altos estándares por los que nos regimos”, agregó.

Esta firma del sector minero solicitó al Gobierno que se visiten las regiones con las empresas y que se informe mejor a las comunidades, de modo que hayan garantías jurídicas necesarias para el desarrollo de proyectos.