La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá esclareció más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia de género.
La justicia colombiana condenó a 32 exparamilitares, entre ellos a "Ernesto Báez", máximo jefe del Bloque Central Bolívar de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a ocho años de prisión cada uno por 966 hechos criminales cometidos por esa organización entre 1999 y 2006, informó hoy la Fiscalía.
El fallo de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá esclareció más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia de género, en las que las mujeres fueron afectadas con tratos crueles e inhumanos, detalló la Fiscalía en un comunicado.
"La importancia de esta sentencia radica en que fueron avalados por la magistratura cinco patrones de macrocriminalidad que tienen que ver con homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento y violencia basada en género", explicó a periodistas la fiscal Mery Patricia Conejo. La condena impuesta para los exparamilitares "responsables del entonces Bloque Central Bolívar, es la máxima que permite la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), de 8 años de cárcel", explica la Fiscalía.
Además de Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez", la condena también alcanza a Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar" y a Guillermo Pérez Alzate, alias "Pablo Sevillano", quienes han sido condenados por otros hechos cuando estaban al mando de varios bloques de las AUC. "Ernesto Báez", que se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, dirigió el Bloque Central Bolívar, el brazo armado más robusto de las Auc, que estaba compuesto por nueve frentes, que representaban 7.603 hombres.
La sentencia de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá también reconoció a 4.260 víctimas directas e indirectas del Bloque Central Bolívar y "para respaldar la reparación material, ordenó iniciar procesos de medidas cautelares de extinción de dominio contra varios bienes de los condenados", añade la información. Para reparar a las víctimas de estos crímenes las autoridades identificaron haciendas ganaderas, extensiones de tierra en el sur del país y otras propiedades.
Los delitos por los que fueron condenados los 32 exparamilitares fueron cometidos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda, entre 1999 y 2006. Las Auc y el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe realizaron un proceso de paz entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de 31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz.