En tiempos de medidas excepcionales, como lo es el estado de excepción consagrado en el artículo 215 de la Constitución Nacional, los controles sobre el ejecutivo, que en virtud de lo dicho queda con unas facultades bien robustas, se hace imprescindible un exigente control político por el Congreso de la República y el natural control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, a efectos de que el ejecutivo no desborde la institucionalidad. He aquí reflejado el tema de los llamados pesos y contrapesos, tan rigurosamente reclamados para que exista una verdadera separación de funciones o separación de poderes que otros llaman.

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Lo primero que hay que dejar sentado es que en el sentir general, la decisión del Gobierno al acudir al Estado de Excepción, fue absolutamente lógica y necesaria. Allí no existe discusión alguna.

El Estado de Emergencia lo puede declarar el Gobierno “por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”. En este momento ha sido declarado por segunda vez, la primera de las cuales fue definida como constitucional por la Corte y la segunda declaratoria está a estudio. Con la primera emergencia se dictaron cerca de setenta decretos legislativos y con la segunda se habla de cincuenta. Tiene pues a control de constitucionalidad la H. Corte Constitucional un poco más de cien decretos, que debe estudiar y evacuar en los próximos días para decirnos a los colombianos si esas normas están ceñidas a la Constitución o no. Los procedimientos, la pandemia y la cantidad de decretos-ley hacen que desespere la lentitud en evacuar este control.

El Control político está asignado al Congreso de la República y en mi concepto es una de las funciones primordiales de esta Corporación, conjuntamente con la de expedir las leyes y actos legislativos. Aquí el panorama es más gris. El coronavirus llega a Colombia horas antes de iniciarse las sesiones ordinarias que van del 16 de marzo al 20 de junio. Es decir que existió simultaneidad entre presencia del covid-19, la instalación del Congreso y obvio, la primera declaratoria de Estado de Excepción. El Congreso no comenzó sesiones, seguramente el temor a las aglomeraciones y el confinamiento decretado por el Gobierno dejó a sus integrantes frente a un gran estupor. Careció el Congreso de líderes en sus mesas directivas. Pudo el presidente del Senado, señor Lidio García, acudir al artículo 140 de la Constitución que lo facultaba para disponer las sesiones virtuales, pero se quedó esperando un decreto-legislativo que lo autorizara a ese tipo de sesiones. Expedida esa norma, de juridicidad muy discutida, el Congreso aún fue timorato en reunirse.

No hay duda, las sesiones del Congreso han sido deslucidas, opacas, carentes de un control político sobre la proliferación de normas con fuerza de ley, que ha expedido el Gobierno. Los debates más llamativos son la tradicional y permanente pugnacidad entre el expresidente Uribe Vélez y el excandidato presidencial Gustavo Petro, pero nada de control político. El resultado de las sesiones virtuales será igualmente pobre y desteñido. Un acto legislativo, como lo es el de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, inane, mal redactado, con disposiciones más benéficas para los delincuentes que las que hoy existen, es entre otras, la maravilla que tiene el Congreso para mostrarnos. ¡Y de aquello, del control político, nada, lo que se dice nada!

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Y mientras tanto, el Gobierno, a sus anchas, se deleita legislando a diestra y siniestra.