Enmascarado por el loable propósito de unificar los órganos de regulación del sector telecomunicaciones, que la Ocde reclamó cuando también pidió autonomía para la televisión pública, hace tránsito en el Congreso el Proyecto de ley 174/18, que amenaza la financiación, y por ende la supervivencia como generadora de identidad cultural y formadora de ciudadanía, de la televisión pública. De no tener efectos la justa movilización nacional en defensa de la televisión pública, en un par de semanas podría ser aprobado el proyecto que sepulta los canales regionales, los municipales y el canal público nacional, en beneficio de cable-operadores y la televisión privada que hoy son, a pesar de la televisión por demanda, los reyes del entorno televisivo.

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El proyecto que inquieta a académicos, realizadores, miembros de la Antv y canales, fue presentado por MinTIC en octubre de 2017, como uno de los instrumentos que aceleraría el paso de Colombia en su pretensión de ingresar a la Ocde. Al decretar la muerte, por fusión con otros reguladores, de la Antv, la iniciativa gubernamental también acababa con el Fontv, instrumento de la autoridad reguladora que capta contribuciones de los cable-operadores, la televisión privada y los operadores que reciben ingresos por publicidad para financiar proyectos de la televisión pública. En su reemplazo, el Gobierno propuso entregar iguales recursos y funciones al MinTIC para que, a su leal saber y entender, mantuviera el apoyo a los proyectos de los canales nacional, regionales y municipales. La iniciativa representaba que el análisis de proyectos pasara de un órgano plural e independiente, como la Antv, a una dependencia del Ejecutivo. A pesar de crear tan grave sombra, al menos se mantenía el instrumento de financiación a proyectos televisivos que han tenido gran éxito nacional e incluso internacional.

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La semana pasada, cuando los congresistas dejaron plantados a los gerentes de los canales regionales que se proponían discutir con ellos la iniciativa en curso se conoció que la ponencia del senador Mario Alberto Fernández Alcocer, liberal, y el representante Wilber Carrillo Mendoza, del Partido de la U, eliminaba el mecanismo de financiación de los proyectos de televisión pública y, consecuentemente, las obligaciones que con ese componente tienen los cable-operadores, de los cuales los principales con Claro, Tigo-UNE y Movistar; los dos canales privados y los beneficiados con publicidad. El valor del regalo a los hoy contribuyentes se ha calculado en $123.000 millones sólo para 2017. El zarpazo a la televisión pública tiene severas consecuencias económicas y socioculturales.

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La pérdida de recursos para la producción de contenidos televisivos por los canales públicos de televisión afecta en materia grave a la todavía incipiente, aunque muy promisoria, industria de la producción de contenidos audiovisuales, una de las más promisorias de las industrias creativas por su capacidad de producir bienes de exportación y, consecuentemente, de generar empleos de calidad. Ello, con la ventaja de que las producciones totalmente nacionales incentivan el talento y permiten mostrar la Colombia que las grandes productoras ignoran.

Acabar de tajo con la generación de contenidos para la televisión pública significa afectar la producción y emisión de contenidos que contribuyen a formar identidad cultural y es una fuerte barrera a la divulgación de aquellos programas que permiten que los colombianos reconozcamos la pluralidad de la nación, afectando así uno de los propósitos más claros de la Constitución de 1991. En este contexto, el retroceso en los procesos de formación de ciudadanía crítica, prioridad de la televisión que la pública cumple a cabalidad y la privada suele eludir, es incalculable.

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En un intento por contener el amenazante tránsito del proyecto de ley que lleva mensaje de urgencia, académicos, gestores culturales, realizadores y líderes de la televisión pública, promueven una movilización masiva en llamado a las comisiones sextas del Congreso, que lo estudiarán, para que archiven el actual proyecto, propiciando así que sea presentada una nueva iniciativa que atienda, sin el apremio que le imprimía el afán por ingresar a la Ocde, la necesidad de que el sector de telecomunicaciones tenga un único regulador técnico, independiente y ajeno a intereses gubernamentales y poderosos agentes privados.