La Contraloría General de la República expidió Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal en el caso Reficar por un monto de más de 2.400 millones de dólares, equivalentes a más de 5 billones de pesos, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015.

Se demostró que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario.

La Refinería inicialmente planeada por un valor de 3.777 millones de dólares, terminó costando 8.326 millones de dólares, descontando financiamiento e intereses.

La Contraloría pudo determinar que de los 4.500 millones de dólares adicionales, por lo menos 3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.

En la investigación se lograron identificar hechos irregulares como haber aprobado una póliza irrisoria de 1 millón de dólares para asegurar el cumplimiento del contrato con el grupo de empresas CB&I, para realizar una obra con costos de esa magnitud.

Se determinó que se suscribieron los acuerdos MOA y PIP en 2014 para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles. Por medidas como esta se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y re-trabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, y sobrecostos en materiales de construcción.

La Nación terminará pagando por la modernización de la Refinería de Cartagena no solo más del doble de lo que se presupuestó inicialmente (3.777 millones de dólares), o sea 8.326 millones de dólares, sino más de 4 mil millones de dólares en intereses por la deuda adquirida para financiar el proyecto.

El Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción también ordenó investigar en proceso separado el lucro cesante ocasionado por la entrada tardía en operación por los problemas en la construcción de la refinería, por una cuantía de 1.936 millones de dólares.

Equipo investigador

En esta investigación participó de tiempo completo, por año y medio, un equipo interdisciplinario de 15 funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, incluyendo economistas, contadores, ingenieros y abogados, que realizaron más de 6 visitas a la sede de Reficar en Bogotá y a la planta en Cartagena.

También se recibieron versiones libres de las empresas implicadas en la ciudad de Houston (Texas).

La apertura del proceso fue ordenada mediante Auto Número 382 del 10 de marzo de 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó decisión en un proceso tan complejo y de la magnitud.

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Imputados

El Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera Rodríguez, mediante Auto 773 del 5 de junio de 2018 imputó responsabilidad fiscal a los siguientes miembros de la Junta Directiva de Reficar que aprobaron los controles de cambio reprochados fiscalmente por el ejercicio de una gestión fiscal irregular de las inversiones en el proyecto: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, ex presidente de Ecopetrol S.A.; Pedro Alonso Rosales Navarro, ex vicepresidente ejecutivo del Downstream de la matriz Ecopetrol S.A.; Diana Calixto, ex Jefe de la Unidad Corporativa de Filiales de Ecopetrol S.A.; Hernando José Gómez, miembro independiente como ex director del Departamento Nacional de Planeación –DNP; Henry Medina González; Uriel Salazar Duque; Natalia Gutiérrez Jaramillo; Astrid Martínez; Y Carlos Gustavo Arrieta.

También se imputó responsabilidad fiscal solidaria por contribuir a la pérdida de las inversiones en el proyecto a los expresidentes de la Refinería de Cartagena S.A.S. –Reficar: Orlando Cabrales Martínez Y Reyes Reinoso Yanes; a la ex vicepresidenta Administrativa y Financiera de Reficar, Magda Manosalva; a los ex vicepresidentes de proyecto de Reficar, Carlos Bustillo Lacayo y Andrés Virgilio Riera Burelli; y al Director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A., Cesar Luis Barco García.

El Contralor Delegado Noguera Rodríguez también imputó responsabilidad fiscal solidaria por la totalidad de los 2.433 millones de dólares de las inversiones menoscabadas, a las multinacionales contratistas del proyecto: Cbi Americas Ltd., Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) Uk Limited, Cbi Colombiana S.A., Foster Wheeler Usa Corporation y Process Consultants, Inc.

Archivo de diligencias

En el Auto 773 también se dispuso el archivo de las diligencias frente a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. por no configurarse el elemento culpa grave exigido por la ley, pues al cumplir con su misión como Casa Matriz, aseguraron la financiación del proyecto hasta su terminación. Porque la responsabilidad fiscal porque el control en la ejecución de las inversiones le correspondía a la junta directiva de Refinar.

Los nombres de los funcionarios a quien se les archiva son: Mauricio Cárdenas Santamaría, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverri Correa, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Santamaría, Tomás González Estrada, Jorge Pinzón Sánchez, Horacio Ferreira R, Roberto Steiner Sampedro y Luis Fernando Ramírez Acuña, Amilkar Acosta, Luis Carlos Villegas Echeverri, Ana Fernanda Maiguashca Olano y Gonzalo Restrepo.