La Contraloría de Colombia cuantificó en 216.894 millones de pesos el daño patrimonial causado por Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa y en proceso de liquidación, al usar indebidamente subsidios dirigidos a usuarios de estratos bajos.

"Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017", señaló este domingo la entidad en un comunicado. La información agrega que usuarios de estratos bajos de 183 municipios de la costa atlántica no recibieron en sus facturas descuentos por un total de 216.894 millones de pesos a que tenían derecho, al aplicarles el subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social (Foes).

La cifra se desprende de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, que revisó más de 56 millones de facturas y encontró que en 48 millones "se dio esta irregularidad".

La filial de Gas Natural, intervenida en 2016 por problemas que afectaron la prestación del servicio, y ahora en proceso de liquidación, suministra electricidad a 2,5 millones de clientes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre.

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Al revisar las diferencias entre el valor del subsidio otorgado a través del Foes que debían recibir los usuarios y el aplicado por Electricaribe, "se encontró que el departamento más afectado es Atlántico, con 58.466 millones de pesos.

La siguen Córdoba con el equivalente a 14,6 millones de dólares, Bolívar (13,8 millones de dólares), Magdalena (7 millones de dólares), Sucre (6,6 millones de dólares), La Guajira (6,1 millones de dólares) y Cesar (4,2 millones de dólares).

Tras la intervención de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia dispuso la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio.

A esas medidas Gas Natural Fenosa respondió con un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación.

La multinacional española argumentó en la documentación presentada "ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años" en Colombia y consideró que la toma de posesión de Electricaribe "constituye una expropiación sin indemnización".