Tras un informe del ente de control que señala que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) perdió el control del proyecto hidroeléctrico, esta se defendió de supuestos falsos señalamientos, lo que generó la réplica de la Contraloría.
EPM señaló que internamente también adelanta investigaciones sobre lo ocurrido en Hidroituango.
Después de señalar que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, había perdido el control del proyecto Hidroituango, la Contraloría General de la República (CGR) volvió a cargar este martes contra la agencia, a la que señaló de no tener sustento para responder al informe de auditoría conocido el lunes y en cuya conclusión el ente de control indicó que son incalculables los daños sociales y ambientales producidos por la contingencia “y todo a consecuencia de graves errores cometidos en la expedición y modificaciones de la licencia ambiental”.
El ente de control también responsabilizó al “dueño del proyecto” de “reiterados incumplimientos” y acusó abiertamente a EPM de haber ocultado información a la autoridad ambiental y avanzar obras sin la licencia requerida.
Pese a la gravedad de los señalamientos, Empresas Públicas de Medellín, EPM, se limitó a publicar un escueto comunicado en el que reiteró “su interés en que se aclaren todas las dudas que se tengan sobre la obra” por lo cual, recordó, ha suministrado a las autoridades y los organismos de control la información requerida para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto “como es su deber y su voluntad”.
Lo que sí dejó claro la entidad es que “varios aspectos relacionados con los hallazgos anunciados por la Contraloría General de la República se encuentran desde hace varias semanas en proceso de investigación por parte de Auditoría Corporativa y Control Disciplinario de EPM” razón que esgrimió para abstenerse de “profundizar sobre los hechos de las investigaciones que se encuentran en curso”.
En similar sentido se expresó este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien informó que en la Junta Directiva de EPM se analizará el Informe de Auditoría de Cumplimiento elaborado por la Contraloría General e hizo énfasis en que “desde el primer momento todos los esfuerzos han estado concentrados en superar la crisis”.
“Son dos frentes, uno es seguir avanzando con el proyecto para terminar los riesgos y sacar el proyecto adelante y el otro es dar respuesta a las entidades de control”, añadió.
Menos diplomática, si se quiere, fue la respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, entidad que mediante un comunicado hizo pública su postura y sus diferencias frente al informe de la Contraloría sobre Hidroituango.
En primer término, la Anla hace énfasis en que la licencia ambiental de tal proyecto “no fue concedida ni autorizada por la Anla, entidad que inició su existencia el 27 de septiembre de 2011, como Unidad Administrativa Especial, mediante el Decreto 3573”.
Así pues, la Agencia explica haber conocido del proyecto desde 2012 en adelante, “habiendo realizado cinco años de seguimiento como autoridad ambiental al mismo”.
Según la propia Anla, la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico fue otorgada en 2009 por el ministerio de Ambiente mediante la Resolución 0155 de 30 de enero.
En segundo término, la Agencia señala que “no es la autoridad competente para conocer los diseños de obra y detalles de la Infraestructura de la represa de Hidroituango, ni hace seguimiento a los materiales, bocetos o cronogramas, ya que por disposición legal no le corresponden esas labores”.
En relación con el trámite de la consulta previa, la Anla argumenta que el ministerio del Interior certificó en su momento la no existencia de comunidades indígenas o afro, “por lo que dicho requisito no se exigió. Tema este que no es de competencia de la Anla ni lo era del Ministerio en su época”.
Finaliza su alegato la Anla indicando que, en el ámbito de su competencia, “está llevando las investigaciones sancionatorias para determinar las causas de la contingencia; y, actualmente tiene con medida de suspensión de actividades las obras de la Hidroeléctrica”.
Esta respuesta no le gustó a la Contraloría General que, en un nuevo comunicado fechado este martes, indicó que la Anla no tiene “sustento para responder”.
A juicio del ente de control, la ejecución de la licencia ambiental de Hidroituango se inició en 2011 “cuando arrancaba su funcionamiento la Anla” y calificó como “infundadas” las “aclaraciones que ha pretendido hacer la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”.
“En ningún momento la CGR ha dicho, dentro de tal informe, que fuera la Anla la que concediera la licencia ambiental del proyecto Hidroituango. Lo que ha dicho es que esta entidad ha autorizado modificaciones a la licencia” lo cual habría hecho dado que la Anla asumió todos los derechos y obligaciones del ministerio de Ambiente “que tuvieran relación con las funciones establecidas para esa Autoridad Ambiental en las normas legales”.
A juicio de la CGR, la Anla “debía verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y era la llamada a hacer exigible a EPM todas las obligaciones derivadas de la licencia”, más aún porque, al haberse iniciado las obras en 2011, la entidad “contó con la posibilidad de detectar las falencias y debilidades de la etapa de licenciamiento y exigir a EPM los respectivos ajustes y complementaciones”.
Sobre la presunta responsabilidad de la Anla sobre los diseños del proyecto, la CGR dijo en su comunicado que la licencia ambiental fue otorgada sin existir diseños finales, “desconociendo que son los diseños finales los que definen las condiciones y características de las obras o actividades a licenciar y sus impactos sobre los recursos naturales y del ambiente”, pero deja claro que este fallo estuvo en cabeza del ministerio de Ambiente.
Añade la réplica de la Contraloría que para su auditoría y para establecer los hallazgos que quedaron en firme en la misma, tanto la Anla como EPM tuvieron ocasión de responder a las observaciones preliminares realizadas por el ente de control por lo cual, añade, la Anla “no logro desvirtuar los hechos que derivaron en los hallazgos del informe”.
“En la mayoría de los casos tanto la Anla como EPM no remitieron los soportes documentales requeridos para desvirtuar las observaciones de la CGR; en otros, abordaron de forma parcial o incompletas las observaciones; y en otros más, respondieron situaciones que no eran objeto de los requerimientos de la Auditoria”, se indicó y se añadió que “en este escenario, no se entiende cómo la Anla asevera que el informe es erróneo e impreciso, sin especificar las situaciones sobre las cuales sustenta su posición”.
Finalmente, en su réplica, la Contraloría señala que la Anla tiene el deber del seguimiento continuo del proyecto Hidroituango y, por lo tanto, es esa entidad la que “debe responderle al país y explicarle por qué hay situaciones no resueltas desde el año 2009 a la fecha y que han conllevado a su posible prescripción”.
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