El teniente coronel retirado del Ejército Gabriel de Jesús Rincón Amado pidió perdón este viernes a los familiares de víctimas de “falsos positivos” en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por cinco ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008.

“Desde ya y como siempre lo he manifestado, pido perdón a cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado a la gran mayoría de las personas de nuestra Colombia un dolor en sus corazones”, manifestó Rincón.

El militar, quien era el jefe de operaciones de la Brigada 15 del Ejército, que cometió estos crímenes, se presentó al inició de la diligencia judicial junto a otro oficial, dos suboficiales y once soldados profesionales.

Los cinco hechos que la JEP empezó a investigar desde este viernes tienen especial relevancia dentro del conflicto armado colombiano porque las víctimas vivían en el municipio de Soacha y aparecieron sin vida meses después en municipios de Norte de Santander, con lo que se dieron a conocer los “falsos positivos”.

Según se declaró en la audiencia, Rincón Amado aparentemente emitió la autorización para que unidades militares bajo su mando instalaran un retén falso y el operativo en el que simularon el enfrentamiento contra guerrilleros, en el que se vieron implicados dos de las víctimas

A los 14 militares se les acusa de la muerte de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá, cuyos familiares asistieron a la audiencia, algunos de ellos con camisas en las que tenían impresas imágenes de las víctimas.

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“En el momento en que sean citados por la JEP para audiencia de declaración de verdad, deberán ofrecer relatos de verdad plena, como condición de acceso y permanencia del tratamiento especial previsto en el componente de justicia”, manifestó durante su intervención el magistrado Mauricio García Cadena.

El togado les advirtió a los acusados que en caso de dar información falsa de manera intencional o incompleta e incumplir “las condiciones” del sistema, la normativa prevé “condiciones con consecuencias negativas”.

Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad y penas alternativas de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra.

No obstante, se prevén sanciones ordinarias de entre 15 y 20 años de prisión para quienes no admitan su responsabilidad y sean condenados por esa jurisdicción.

Por su parte, Idaly Garcerá, madre de Tamayo Garcerá, pidió a los implicados que digan “la verdad plena” y deseó que también se presentaran los “altos mandos, los que los mandaron a hacer lo que ellos cometieron”.

Paralelo a la audiencia, frente al edificio de la JEP al menos una decena de personas protestaban con pancartas en las que se leía: “Paz sin crímenes del Estado. Con justicia social y garantías de no repetición”.

De igual forma, los manifestantes consignaban arengas como “ni falsos, ni positivos. Asesinatos a sangre fría a ciudadanos indefensos”.