Por María Clara Ortiz Karam*

Avanzar hacia la garantía del derecho a la educación implica visibilizar la problemática del país con y desde los territorios y es asumir la deuda histórica que tenemos con la ruralidad y en particular con la ruralidad dispersa.

Para ello, en Colombia, nuestro sistema educativo establece que el Ministerio de Educación es responsable de orientar las políticas y hacer seguimiento a su implementación, fortaleciendo la capacidad de gestión de las entidades territoriales; que las secretarías de Educación tienen el papel de armonizar las políticas en relación con sus territorios y acompañan a las escuelas con el fin de garantizar las condiciones para el aprendizaje, y que las instituciones educativas construyen su proyecto educativo institucional, es decir, definen el modo en que sus estudiantes aprenden, en diálogo con sus comunidades y sus contextos.

No obstante, la realidad es totalmente distinta. El Ministerio poco acompaña la gestión de las secretarías y en el afán de lograr las metas termina operando programas definidos desde el centro. La mayoría de las secretarías no cuentan con los recursos humanos y económicos para hacer un adecuado acompañamiento a las escuelas, por lo que terminan contratando universidades y operadores, para que sean ellos los que lleguen a las escuelas, casi siempre con acciones puntuales, que no leen la escuela ni establecen procesos de acompañamiento, seguimiento ni evaluación de su impacto. Por último, las escuelas no tienen claro cómo construir un proyecto educativo institucional que vincule a su comunidad y terminan contratando a un tercero para que lo escriba y así cumplir con el requisito. En la práctica, las escuelas terminan teniendo tantos proyectos como maestros y un currículo hecho una colcha de retazos que no responde a un propósito común.

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Si a esto le agregamos que la Ley 715 de 2001 estableció la reorganización institucional, es decir, que se agrupan varias sedes para conformar una institución educativa, buscando la continuidad a lo largo del sistema, nos encontramos rectores que no tienen capacidad de acompañar las sedes, en particular cuando son rurales dispersas. En la práctica, tenemos una ruralidad dispersa que es atendida según el mismo esquema que se tiene para las zonas urbanas, sólo que cambia la proporción de estudiantes dada la baja densidad poblacional, y a la que se envían los maestros con menor nivel educativo, porque no hay cómo garantizar condiciones dignas para su desempeño profesional y porque seguimos replicando una estructura que deberíamos repensar, en especial en la ruralidad, pero en general para todo el sistema educativo.

Por el lado de la inversión privada en educación, al revisar el Sistema de Información de Iniciativas Privadas en Educación —Siipe— se evidencia que esta se concentra en las principales ciudades y en las áreas de influencia de las empresas. Es muy poco lo que llega a las zonas rurales y, menos, lo que se hace de manera participativa con las comunidades, en diálogo con sus contextos.

Como organizaciones empresariales, debemos contribuir al cierre de brechas aportando de manera más efectiva a la generación de las mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento construido por la humanidad, en ambientes democráticos que posibiliten el diálogo de saberes con las comunidades y los contextos y aporten a la construcción de sociedades más inclusivas, justas y solidarias.

Una presencia efectiva del Estado en la ruralidad dispersa tomará tiempo y aún no se vislumbra una política para equiparar oportunidades entre el campo y la ciudad, que no implique urbanizar el campo, sino construir con las comunidades un modelo de desarrollo sostenible que dialogue con los contextos y brinde las condiciones básicas que garanticen una vida y una educación dignas.

* Subdirectora en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.