La Corte Constitucional frenó el análisis del decreto ley de Defensa Técnica de los miembros de la Fuerza Pública, que por diferentes conductas en el conflicto armado serían juzgados bajo el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La decisión, en la que se quería determinar la constitucionalidad del decreto ley 775 del 16 de mayo del 2017 y cuyos términos se vencían el 29 de agosto, fue tomada porque los juristas consideraron fundamental conocer primero la decisión sobre la reforma que creó el organismo y tomar una decisión de acuerdo con dicha determinación como precedente.

Otro elemento por el cual definieron aplazar esta sentencia fue porque en este momento está paralizado el estudio de la Ley de Amnistía y el decreto que reglamentó dicha norma, debido a que sigue en estudio el Acto Legislativo 01 de 2017. La amnistía es importante, según la Corte, ya que allí se define el tratamiento especial para los actores de las fuerzas estatales.

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“Teniendo en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016, constituyen parámetro de control del decreto ley y desarrollo normativo del mismo, respectivamente, y que el control de constitucionalidad del expediente depende necesaria y principalmente de la determinación que se adopte sobre el Acto Legislativo y la ley en mención, la Sala Plena advierte que en el presente asunto se configura el fenómeno de la prejudicialidad, lo cual impone suspender los términos en el proceso de la referencia con el fin de armonizar las decisiones por adoptar”, argumentó el texto del auto de la Corte Constitucional.

En esta evaluación, se revisará la constitucionalidad de un componente cardinal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual se incluye la justicia para los actores del conflicto, también contiene la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad.