La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este una audiencia por la supuesta responsabilidad del Estado de Colombia en la desaparición forzada del sindicalista Víctor Manuel Isaza supuestamente a manos de paramilitares en colaboración con la Fuerza Pública.

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte, Isaza fue desaparecido el 19 de noviembre de 1987 por paramilitares que actuaban por la aquiescencia o colaboración de la Fuerza Pública colombiana, cuando fue sustraído de la cárcel en Puerto Nare, en el departamento de Antioquia.

"Han pasado más de 30 años y el destino o el paradero del señor Isaza sigue siendo desconocido, las investigaciones penales estuvieron archivadas por más de 13 años y a la fecha se mantiene en una etapa preliminar", expresó en la audiencia el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren.

La institución entiende que el Estado de Colombia desconoció su posición especial de garante e incumplió su deber de brindar protección a una persona que se encontraba bajo su custodia y en grave riesgo.

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El hombre era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción y simpatizante del partido político Unión Patriótica. Según la demanda, el contexto hacía evidente que Isaza estaba en grave riesgo de ser atacado por grupos paramilitares en la zona, en el marco de la violencia por parte de agentes estatales y paramilitares.

"En efecto los hechos ocurrieron en un contexto de exterminio tanto de miembros de dicho sindicato como de personas vinculadas al partido. Grupos paramilitares actuaban bajo el auspicio legal del Estado de Colombia o actuaron conjuntamente con la Fuerza Pública que operaba en la zona. Era ampliamente conocida esta situación", destacó Eguiguren.

En la audiencia, la Corte Internacional escuchó las declaraciones de Carmenza Vélez, esposa de Isaza, quien pidió justicia, investigar a los responsables y dar con el paradero de su esposo, que desapareció junto a otros cuatro hombres.

"Hasta hoy no ha habido ningún condenado por los hechos. Me aterra y me llena de dolor saber que en ese pueblo ellos asesinaban y hacían desaparecer personas. El Gobierno nunca fue a ayudarle a la gente, a defenderlos de esos grupos que estaban ahí.

Esos grupos paramilitares en Puerto Nare eran la ley", explicó con voz entrecortada Vélez. La mujer añadió que tuvo que irse de Puerto Nare porque las personas de la localidad le indicaron que tanto ella como sus hijos, que entonces tenían 10 y 13 años, estaban en peligro.

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"Fue una destrucción, nos acabaron como familia. Cuando una persona es desaparecida uno no sabe qué pasó, el dolor de saber que desapareció un ser querido es muy duro", expresó Vélez. La representante el Estado de Colombia, Ángela María Ramírez, antes de iniciar el interrogatorio con Vélez "lamentó" mucho lo que sucedió con Isaza.

"Sobre todo lamentamos el largo camino que ha tenido que transcurrir y que a la fecha el Estado no pueda decirle lo que sucedió con su esposo", admitió. En la audiencia la delegación colombiana presentó al perito Carlos Enrique Arévalo, quien defendió que la existencia del contexto no es suficiente para derivar la responsabilidad internacional del Estado.

"No basta con demostrar un contexto general de colaboración y aquiescencia entre agentes del Estado y los terceros que perpetraron las violaciones a los derechos humanos, sino que es necesario adicionalmente que esa violación se desprende de la colaboración, asistencia, aquiescencia, ayuda, tolerancia del Estado. Sin demostrar ese vínculo real no puede atribuirse la responsabilidad internacional", argumentó Arévalo.

La audiencia concluirá este miércoles con los alegatos finales de las partes.