El embajador de Costa Rica en Holanda, Sergio Ugalde, aseguró que Nicaragua pretende una "mutilación del territorio" de su país en la península de Santa Elena, durante el juicio que comenzó este lunes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para establecer la frontera marítima y terrestre entre ambos países.
       
El representante costarricense explicó que, de fijarse una línea recta que siguiera la frontera terrestre para establecer la delimitación marítima, criterio reclamado por Nicaragua, se seguiría una "equidistancia no ajustada" que llevaría a "una mutilación del territorio" costarricense en la península de Santa Elena.
       
Por ese motivo, Ugalde afirmó que "Nicaragua se apoya en principios irrealistas y distorsionados" y reclamó que se sigan otros criterios para establecer las fronteras marítimas entre ambos
países.

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En el caso del Caribe, esa pauta significaría, en la práctica, que tanto Nicaragua, al norte, como Panamá, al sur, tendrían los derechos de la mayor parte del mar a expensas de Costa Rica, que apenas tendría acceso.
       
El representante costarricense añadió que su país ha intentado en varias ocasiones llegar a un acuerdo diplomático con Nicaragua, pero que al no alcanzarlo se ha visto obligado a asistir a la CIJ.
       
De los dos casos que se tratan en el juicio que arranca este lunes, el de la delimitación marítima es el más relevante porque, según Costa Rica, el país vecino ha ofrecido a empresas internacionales zonas marítimas que no le corresponderían, para explotaciones petroleras.
       
En el segundo caso que enfrenta a San José y Managua, el de la frontera terrestre en la parte norte de isla Portillos, Costa Rica considera que los jueces sólo deben refrendar lo que ya decidieron en diciembre de 2015.

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Entonces, le dieron la razón a Costa Rica y establecieron que Nicaragua había violado su soberanía al dragar tres caños y establecer presencia militar en ese mismo lugar.
       
Ugalde explicó que se trata de "un caso simple", pero al mismo tiempo relevante porque "Nicaragua estableció en 2016 un campamento militar, en contra de la decisión tomada en 2015".
       
Añadió que su país espera "restablecer la confianza" cuando el juicio en la Corte de la ONU se acabe, pero que eso sólo será posible "si la ley y la decisión de los jueces es respetada".