Los beneficiarios de los créditos pueden ser personas naturales o jurídicas que hayan sufrido daño por violación a los derechos humanos o por infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto armado colombiano.
Las empresas y personas naturales que hayan sido afectadas por el conflicto armado colombiano tendrán derecho a una línea de crédito de hasta por $390.6 millones respaldado por Bancóldex, informó este lunes la entidad.
Los beneficiarios de los créditos pueden ser personas naturales o jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario, que "hayan sufrido daño por violación a los derechos humanos o por infracciones al Derecho Internacional Humanitario", dijo Bancóldex en un comunicado.
El crédito, que podrá ser solicitado a cualquier entidad financiera en el país, se podrá utilizar para modernización, compra o arrendamiento de inmuebles, adquisición o reposición de maquinaria y equipo, vehículos productivos, equipamiento y muebles y enseres. Igualmente, para reparaciones locativas, remodelaciones, reparación y reconstrucción de inmuebles destinados a actividades comerciales e industriales.
La entidad estatal aclaró que el reconocimiento de la condición de víctima lo hará la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas y "el solicitante del crédito debe estar incluido en el Registro Único de Víctimas".
El monto máximo por empresa será de $390.6 millones y, según Bancóldex, el plazo será de tres años para capital de trabajo y consolidación de pasivos, y de cinco años para activos fijos y bienes de capital, compra, reposición de equipos, vehículos y equipamiento, muebles y enseres.
El banco también aclaró que se concede un periodo de gracia de hasta un año para capital de trabajo y consolidación de pasivos y de hasta dos años para compra, reposición de equipos, maquinaria y equipamiento, muebles y enseres.
La línea de crédito para víctimas del conflicto armado tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 hasta agotar los recursos aportados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación integral a víctimas.