Mes y medio después de la presentación del plan del Gobierno nacional para la transformación y la humanización de las cárceles en Colombia, la situación carcelaria en Antioquia hoy es más grave que nunca, y con tendencia a empeorar.

A hoy, Antioquia presenta un hacinamiento promedio del 82.4% en centros penitenciarios, mientras que en salas de paso y la URI de la Fiscalía (Unidad de Reacción Inmediata) llega al 350%, lo que refleja las condiciones infrahumanas en que viven los detenidos y los riesgos a que están expuestos en materia de salud y seguridad.

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Según informe de la Secretaría de Gobierno departamental, la población interna en establecimientos del orden nacional es de 13.849 personas, mientras que la verdadera capacidad de esos centros penitenciarios es de 7.592, lo que quiere decir que la sobre población es de 6.257 personas.

De esas 13.849 personas privadas de la libertad, 8.917 son hombres que cumplen condenas, 3.414 están en condición de sindicados y 137 esperan la decisión de su situación jurídica; mientras que entre la población femenina 957 cumplen condena, 412 están sindicadas y 12 esperan que se resuelva su situación jurídica.

En esas estadísticas está contabilizada la población interna de los 20 Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelario del orden nacional en el territorio antioqueño, como Bellavista (Bello), Pedregal (Medellín), La Paz (Itagüí) y otros 16 municipios, entre los que se cuentan Andes, Santa Fe de Antioquia, Bolívar, Caucasia, Jericó, La Ceja, Puerto Berrío, Santa Bárbara, Santo Domingo, Santa Rosa de Osos, Sonsón, Támesis, Titiribí, Yarumal, Apartadó y Puerto Triunfo.

Con gravísimas situaciones, como la de Andes, en el Suroeste antioqueño, donde el número de reos es de 761 y la capacidad real del establecimiento penitenciario es de 168, lo que representa un sobrecupo de 593 personas y un hacinamiento del 353%. Mientras que en Bellavista hay hoy 3.154 detenidos y la capacidad del centro penitenciario es de 1.869, es decir hay una sobre población de 1.285 personas y un hacinamiento del 68,8%; en La Paz (Itagüí) hay 1.164 detenidos y la capacidad del establecimiento es de 328, lo que supone un sobrecupo de 836 personas y un hacinamiento del 254,9%; y en Pedregal hay 2.208 detenidos y la capacidad es de 1.288, lo que representa una sobre población de 920 personas y un hacinamiento del 71,4%.

Una emergencia anunciada

Según Luis Alberto Pinzón Zamora, presidente de la Unidad de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, lo peor es que la situación es cada vez más crítica: “Desafortunadamente, antes que disminuir, la crisis del sector penitenciario y carcelario en Colombia y en particular en Antioquia, es cada vez mayor. Se evidencia en las diferentes salas de paso de la Policía nacional y la URI de la Fiscalía. Hoy tenemos 1.486 detenidos en esas salas de paso, superando el 350% de hacinamiento. De ellos 1.350 son sindicados, que deben estar a cargo del municipio en un establecimiento carcelario adecuado con las condiciones óptimas que establecen los tratados internacionales para el trato digno de las personas privadas de la libertad, y los otros 136 detenidos ya están condenados, que deberían estar entonces en un centro carcelario a cargo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)”, es decir del Gobierno nacional.

Esta situación es “alarmante”, dice, “no sólo por la multiplicidad de combos delincuenciales que hay al interior de los pabellones, lo que genera altísimos grados de vulnerabilidad interna en materia de seguridad, y las precarias condiciones de salubridad y espacio para dormir, sino que también representa un alto riesgo para el personal de guardia, porque hay patios o pabellones hasta con 700 internos que tienen que ser custodiados por dos unidades de guardia. Igualmente en los desplazamientos de esas personas privadas de la libertad a diligencias judiciales que son enviadas con un número insuficiente de personal de seguridad y custodia, lo que puede desencadenar situaciones de fuga o agresiones”.

Y para sustentar su denuncia hace referencia a la reciente queja del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuando le advirtió al director general del Inpec, William Ernesto Ruiz, que el organismo que dirige no estaría en condiciones de realizar más detenciones en varias regiones del país, incluyendo Medellín, porque no hay dónde enviar a esas personas”.

“Desde 1998 venimos advirtiendo que las políticas de seguridad promulgadas por el Gobierno deben ir acompañadas del fortalecimiento de la infraestructura en centros penitenciarios, es decir de la construcción de cárceles, y del aumento del personal de guardia a cargo de las custodias, lo mismo que del presupuesto. Pero ahora la situación es alarmante y necesita rápida atención para que no se salga de las manos”, expone Pinzón Zamora.

Acciones urgentes

Ante este panorama, en su informe la Secretaría de Gobierno de Antioquia concluye que “el sistema penitenciario y carcelario requiere de acciones urgentes, pero su solución no es responsabilidad exclusiva ni directa del Gobierno departamental”.

“Es fundamental contar con el apoyo de todas las entidades competentes para lograr salir de esta crisis”, precisa la Secretaría al plantear como posibles soluciones la “construcción de cárceles regionales y subregionales”, pues de los 125 municipios que tiene el departamento, sólo 15 cumplen con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, referida al Código Penitenciario y Carcelario, en el que se establece que “corresponde a los departamentos, municipios y áreas metropolitanas, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad”.

Esos municipios apegados a la ley son Abejorral, Amagá, Anorí, Amalfi, Barbosa, El Bagre, Envigado, Fredonia, Ituango, La Estrella, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Rionegro, Segovia y Tarazá, mientras que en el ámbito regional se cuenta con dos centros de reclusión especiales: el Batallón Pedro Nel Ospina y la Cárcel Departamental Yarumito (Itagüí).

A esas cárceles de carácter departamental, afirma la Secretaría de Gobierno en el Plan de acción de 2019, se suma como una de las acciones de solución el proyecto de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Yarumal (Camis), que se construye en el antiguo Seminario Cristo Sacerdote de ese municipio del Norte antioqueño, con aportes de la Nación, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, y que, de acuerdo con las proyecciones, se entregará en el primer semestre del próximo año”.

Eso sí, sugiere la Secretaría, “es imperiosa la necesidad de crear por parte del Gobierno Nacional una Política Criminal que ataque el problema estructural que padece el actual sistema penitenciario y carcelario en Colombia”, pues una cosa son las bondades del plan de Gobierno que presentó en enero la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, en cuanto a la transformación y la humanización de las cárceles, refiriéndose a aspectos como la infraestructura, la vida en reclusión, que tiene que ver con la salud y la alimentación de los internos, y especialmente los procesos de resocialización, y otra muy distinta es la realidad que hoy viven los detenidos en todas las instituciones carcelarias y penitenciarias, los guardias de custodia expuestos a serios riesgos y las mismas autoridades que se ven maniatadas ante la ineficacia de muchas capturas porque no hay adonde recluir a más personas.