La justicia argentina envió a juicio a la expresidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los imputados por el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) de Buenos Aires, tres años después de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto días después de denunciarla.

Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de doce procesados, alguno de ellos en prisión preventiva desde el pasado diciembre.

La mandataria entre 2007 y 2015 y actual senadora evitó por el momento quedar presa por contar con fueros parlamentarios y es acusada, al igual que su excanciller Héctor Timerman y otros de sus colaboradores, de "encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto
funcional y abuso de autoridad".

Este sería su tercer juicio cuando el año pasado, el gobierno le anunció la apertura de un juicio por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato y el pasado viernes otro por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública.

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El fiscal Nisman, que apareció muerto en enero de 2015 en circunstancias aún sin esclarecer cinco días después de denunciar a Fernández, encabezaba la investigación del atentado contra la mutua Amia de Buenos Aires, el mayor que ha sufrido Argentina el cual dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hizbulá.

El procurador estaba convencido de que un memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016. En su dictamen, el juez recordó este lunes que la posición adoptada tradicionalmente por el gobierno argentino fue la de acompañar los pedidos de la justicia nacional, que siempre fueron conseguir que los imputados iraníes fueran juzgados en Argentina, mientras relata que la actitud de Irán fue siempre la de no colaborar y negarse a la extradición de los imputados.