En mi columna anterior, abordé la realidad de la estructura presupuestal de las universidades públicas, tomando como ejemplo el caso de la Universidad de Antioquia (UdeA); mostré que en el presupuesto apropiado por el Consejo Superior de la UdeA para el 2017, los aportes realizados por los gobiernos nacional y departamental a la Institución representan el 34%; el 66% restante debe ser gestionado por el cuerpo directivo y profesorado, a través de la formulación de proyectos de investigación, venta de servicios, consultorías, entre otras iniciativas.

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El señor Daniel Mera, en su columna (Estudiantes: sin enfrentar corrupción universitaria es inmoral pedir más plata) publicada la semana pasada en el periódico El Espectador, hace una lista de casos que corrupción, en el que al parecer están envueltas “la mayoría” de las universidades. El columnista acusa a los estudiantes de “Silencio cómplice sobre el deterioro institucional, las venas rotas y las malas prácticas de las universidades públicas” y los llama, antes que el Gobierno Nacional tome cartas con estas Instituciones, a que hagan un “listado de las cosas que se deben erradicar o controlar [en las IES públicas] como condición para recibir más recursos públicos”.

Considero importante que emerjan las denuncias y que los entes de control y vigilancia tomen cartas en estos asuntos; no obstante, es importante que los señalamientos tengan que ver propiamente con las universidades públicas y no con gestiones realizadas por exfuncionarios públicos, en el pasado directivas de IES, que en la actualidad están investigados por la Fiscalía por hechos ocurridos cuando desempeñaron otros cargos públicos (el ejemplo citado por el columnista es el del exrector de la Universidad de Cartagena, investigado por la Fiscalía por su gestión al frente de la Secretaría de Educación de la Ciudad Heroica).

De igual manera el colega columnista hace eco a la denuncia del portal La Silla Vacía relacionada con la presunta injerencia de gobernantes y políticos en el nombramiento de rectores de universidades públicas; al parecer a los periodistas se les olvida que la composición de los órganos de dirección de las IES públicas está definida en la ley 30, y al menos la mitad de quienes participan en la composición de estos órganos de dirección son representantes del gobierno. Ante esta realidad no es posible desdeñar la injerencia de la clase política en la escogencia de los rectores de las IES públicas.

Es innegable la posición de privilegio que tiene el gobierno para nombrar los rectores; al respecto traigo a la memoria, la elección del anterior rector de la UdeA, la cual fue concertada de manera conjunta entre la ministra, el gobernador y presidente de la época e impuesta a la IES. A pesar de lo anterior, no se puede decir que por la existencia de este mecanismo de elección sujeto a la ley, exista corrupción en estas instituciones.

En Colombia sólo tenemos conocimiento de una IES pública, en donde el rector es designado mediante consulta a los estamentos universitarios (con ratificación del CSU); es el caso de la Universidad de Nariño. Lo anterior no significa que el rector de la Universidad de Nariño no tenga afinidad o mantenga contacto con los gobernantes del departamento o los diputados o senadores nariñenses. La relación de los directivos universitarios con la clase política y empresarial, no sólo es necesaria, sino que en muchos casos es determinante para la gestión de recursos y proyectos de inversión, como en la gestión de proyectos de ley ante el Congreso o Asambleas, para la aprobación de las estampillas pro inversión en las universidades públicas.

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Hago un llamado fraternal a las personas cercanas al gobierno nacional para que se acerquen a las universidades públicas y conozcan sus modelos de gobierno, gestión académica y científica. Hoy las universidades públicas gozan de buenos niveles de transparencia en sus gestiones y están bajo la lupa implacable de los entes de control, lo que disminuye considerablemente la amenaza de la corrupción o el desgreño administrativo.

Comentarios:

Gabriel Jaime
2018-12-11 19:30:34

Típico de funcionarios que terminaron sus profesiones en la Universidad privada, por una única causa, no pasaron a,la Universidad pública, pues a esta sólo se accede por méritos. Se sabía que este gobierno odia la Universidad pública, sentimiento que comparte mucha gente resentida. Si van a hablar de corrupción creo las universidades más corruptas son las privadas, pues todos los mediocres corruptos estudiaron allí.

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