Cuba y Venezuela vuelven a conformar la "lista negra" en materia de derechos humanos de la Cidh, según el informe anual de 2017 que publicó ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos - OEA -. 

"El grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Venezuela", consideró la Comisión.

"A lo anterior, se suma la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Asimismo, la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema", agrega el organismo.

Por su parte, en cuanto a Cuba, la Cidh encontró especialmente reseñables "las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento" que sufren los cubanos.

Además, alertó de las "mínimas garantías judiciales y de protección judicial", que afectan especialmente a defensores de derechos humanos, disidentes, líderes sociales y políticos y periodistas independientes.

La Comisión también advirtió sobre la discriminación y violencia contra personas del colectivo Lgbti en la isla caribeña, la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Cuba y Venezuela repiten en esa lista, donde el año pasado apareció inicialmente República Dominicana, pero después la Cidh se retractó y dio marcha atrás sacando al país caribeño de la lista. 

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Respecto a Colombia, la Cidh observa "complejidades adicionales derivadas de la violencia del conflicto armado", aunque reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado en relación al ejercicio de los derechos de las víctimas y la creación del marco normativo para la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las Farc.

En México, por su parte, el organismo identifica "avances significativos" en materia constitucional y legislativa en los últimos años, sin embargo, alerta de que "persisten desafíos" en materia de violencia e inseguridad reflejados en elevados números de desapariciones, homicidios y denuncias de tortura.

En este sentido, la Cidh señaló que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento de los derechos humanos en la práctica.

En cuanto a República Dominicana, la Cidh reconoce en el seguimiento de sus recomendaciones la importancia de las medidas que el Estado ha implementado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas -en su mayoría de origen haitiano- que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad y los efectos que esto tiene en el goce de sus derechos humanos.

La Comisión reconoce la importancia práctica del procedimiento de restitución de la nacionalidad amparado por nuevas leyes, aunque insiste en que hay "un reto en su implementación pronta y efectiva" por parte de todas las autoridades, lo cual provoca barreras para garantizar que toda persona pueda acceder al goce efectivo de su nacionalidad.