Quiero resaltar un hecho que no puede olvidarse cuando se analiza la cultura política colombiana de hoy y del futuro y que casi no se deja ver por la pobreza de contexto histórico y teórico con la que los políticos profesionales hacen su política y con la que los medios difunden sus noticias como si fueran la política.

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La Constitución del 91 fue consecuencia de un fuerte malestar con el sistema político en general simbólicamente representado por el cenáculo de senadores. A pesar de los remiendos que se le han hecho para trasquilar su original espíritu tan liberal como socialdemócrata, los colombianos de hoy -y espero que mis nietos- estamos cosechando la cultura política y jurídica que en ella se sembró y muy especialmente el concepto de estado social de derecho que es el núcleo de su ideología constitucional. De hecho, la tutela, que es el fruto más apetecido del ideario liberal de esa siembra, pasó de ser un procedimiento jurídico destinado a garantizar el cumplimiento de todo el universo de los derechos individuales, a ser un símbolo del poder de la sociedad sobre el establecimiento convirtiéndose en cultura política de quien se sabe no solo gobernado sino también gobernante. No es casual que sea esta significación la que se quiere esquilmar cuando se critica la “tutelitis” y se considera como un peligro para el sistema como si fuera la encarnación de la antipolítica y no como la expresión del deseo de más y mejor democracia.

Además, de ese núcleo ideológico aprendimos que la democracia política y la democracia social no pueden separarse porque la democracia no es solo una forma de gobierno sino una clase de sociedad. Todos los ciudadanos colombianos más o menos avisados pero sobre todo los millenials que nacieron con esa Constitución y mamaron de ella, tenemos y tienen como referente de su ciudadanía al estado social de derecho convertido en criterio de medición de la eficiencia tanto de la democracia política como de la democracia social, porque allí está contenido un “modelo” de sociedad política en el que se constitucionalizan las tres generaciones de derechos con sus respectivas garantías. Y ese modelo sirve para medir la eficiencia de los gobiernos de izquierdas y de derechas, es decir, para el ejercicio de la ciudadanía como núcleo de la sociedad política.

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No podemos decir que la política y los derechos hayan sido liberados del sempiterno secuestro en que la tienen los más poderosos económicamente y la gendarmería de políticos que los cuida, pero como nunca antes existe hoy una cultura política que no está enajenada por la sagrada homilía partidista porque tiene un criterio de ciudadanía que no está en la cédula y mucho menos en el carné del partido sino en la Constitución.