El Gobierno sandinista mostró el pasado lunes, una vez más, su negativa a renunciar al poder en Nicaragua, mientras los estudiantes autoconvocados mantienen su idea de no ceder en su lucha hasta que Daniel Ortega abandone la Presidencia, tal y como las dos facciones pusieron de manifiesto en sendas marchas multitudinarias en la capital.

Unas 5.000 personas defendieron el pasado lunes a cada uno de los bandos enfrentados, en dos manifestaciones que totalizaron unos 10.000 asistentes aproximadamente.

Unos cinco millares de personas, en su mayoría jóvenes universitarios, asistieron a una marcha que tuvo por lema “Unidos por la libertad y la justicia”, celebrada en el marco del Día Nacional del Estudiante y en la que, nuevamente, exigieron la salida del mandatario del poder y reclamaron paz, justicia y cese a la represión.

En el Día Nacional del Estudiante, que recuerda la “masacre estudiantil” de 1959, cuando una represión del presidente Luis Somoza dejó 4 universitarios muertos, los jóvenes nicaragüenses pidieron justicia para más de un centenar de alumnos que perdieron la vida en protestas contra la gestión de Ortega.

La mayoría de los estudiantes, quienes mantuvieron un minuto de silencio por los caídos, portaron la bandera azul y blanco de Nicaragua, y algunos exhibieron la Ley de Autonomía Universitaria, que en más de medio siglo de existencia jamás había sido violada por ningún presidente, hasta que lo hizo el actual.

Pese al clamor popular por su renuncia, Ortega aseguró el pasado lunes, durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, que un adelanto de las elecciones en el país centroamericano, propuesto para marzo de 2019, como le piden varios Estados y organismos internacionales, crearía “inestabilidad e inseguridad” y “empeoraría las cosas”.

El mandatario argumentó que los enfrentamientos violentos que vive Nicaragua desde el 18 de abril pasado han sido originados por grupos paramilitares financiados por algunos diputados opositores y el narcotráfico.

Lea: Episcopado de Nicaragua analizará su permanencia en diálogo nacional

Por otra parte, mientras los autoconvocados se manifestaban en una parte de la capital, unos 5.000 simpatizantes sandinistas, quienes también celebraron el Día Nacional del Estudiantes con otra movilización, respaldaron al presidente y defendieron su continuidad al frente del poder.

Miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (Unen), de la Juventud Sandinista y trabajadores de instituciones estatales marcharon en un recorrido de unos cuatro kilómetros.

“Estamos exigiendo que se aplique la ley para todos aquellos asesinos, golpistas”, dijo en alusión a los manifestantes antigubernamentales el presidente de la Unen, Luis Andino, quien además exigió "justicia para las víctimas del terrorismo".

Durante la marcha del pasado lunes, los manifestantes gubernamentales portaban banderas roja y negra del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fslan) y la de Nicaragua, y también cargaban fotografías de los policías que han muerto durante las protestas, y de algunos civiles.

Por su parte, los estudiantes autoconvocados marcharon ataviados con la enseña nicaragüense, con pancartas con frases en favor de la paz y la justicia, y múltiples fotografías de universitarios asesinados por las “fuerzas combinadas” gubernamentales, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines.

Ambas movilizaciones transcurrieron sin incidentes y, mientras que la de los simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) fue custodiada por agentes de tránsito y antidisturbios, la de los autoconvocados no contó con protección alguna.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) señaló al Estado como el “único responsable” de la violencia en Nicaragua, porque ha usado a sus fuerzas de seguridad para “reprimir, matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias”, según su secretario ejecutivo, Paulo Abrao.

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y organismos humanitarios locales han responsabilizado al Gobierno de Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis.