La distancia, casi brecha, de los medios de comunicación con las víctimas del conflicto armado se ha vuelto a notar en fechas recientes con la frecuente amplificación con aire totalizante de los anuncios individuales de algunas víctimas de las Farc o grupales de víctimas de agentes de la Fuerza Pública que han adherido a la candidatura de Gustavo Petro. 

En las distintas noticias se ha mantenido la simplificación que ha prevalecido en las informaciones, e incluso en el reconocimiento político, sobre las víctimas durante la negociación con las Farc y en los inicios del período de posacuerdo. En virtud de esa mirada lejana ocurren el desconocimiento del universo complejo y heterogéneo de las víctimas además de la homogenización inconducente de los distintos agentes victimizantes. Consecuencia de ese tratamiento es la simplificación de la problemática de las víctimas y la tendencia a desconocer sus derechos o subyugarlos a otros principios.

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Por la larga historia de esa organización, su escogencia de objetivos militares entre la población civil y agentes del Estado y su fuerte participación en el narcotráfico, el mayor agente victimizante en Colombia ha sido las Farc. El Centro Nacional de Memoria Histórica, citado por el portal Libertad Digital, confirmó su responsabilidad en 220.000 asesinatos, 177.307 de ellos contra civiles; el desplazamiento de 5’712.506 personas; 27.023 secuestros y 25.077 desapariciones forzadas. Organizaciones expertas en infancia señalan que son responsables del reclutamiento de 7.738 niños, niñas y adolescentes. Por haber adherido a la tesis gubernamental de que la paz debe primar, así ello exija sacrificar los derechos humanos -en este caso los de las víctimas- o por ser beneficiarias del Gobierno, algunas víctimas de las Farc han decidido apoyar a Gustavo Petro o lo que él representa. Muchas víctimas han callado porque creen que no necesitan ser reparadas, porque reconstruyeron su historia, son escépticas o porque no están dispuestas a exponerse para reclamar sus derechos. Un grupo muy importante de víctimas de las Farc, y creciente, ha escogido organizarse, aceptando los peligros de ser revictimizadas o de sufrir estigmatización por agentes del Estado, medios de comunicación o políticos como la candidata Ángela Robledo, quien debió retractarse de una ominosa calumnia contra el periodista Herbin Hoyos, único apoyo para muchos secuestrados y sus familias. Estas víctimas organizadas han recibido el compromiso del candidato Iván Duque de asumir la defensa y garantía de sus derechos.

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Por número, el segundo grupo es el de las víctimas del paramilitarismo, organizaciones a las que el Centro Nacional de Memoria Histórica atribuye 8.902 asesinatos selectivos; 7.160 muertos en masacres; el reclutamiento de mil niños, niñas y adolescentes, y desplazamientos forzados que causaron el abandono de cerca de 800.000 hectáreas de tierra. Por presiones de los victimarios y manipulaciones de dirigentes de izquierda que pretendieron usufructuarse políticamente de sus tragedias, y de las confusiones creadas por algunas alianzas o tolerancia de miembros de la fuerza pública con paramilitares, las víctimas de esos grupos no se han organizado ni siquiera para reclamar los derechos que no les han sido reconocidos, menos lo harán para decidir su participación en la presente campaña electoral.

Aunque durante el conflicto el objetivo del Estado ha sido combatir a la guerrilla y contener sus actividades en el narcotráfico, algunos miembros de la Fuerza Pública traicionaron su juramento e irrespetando su uniforme cometieron crímenes contra la población civil, hechos que deben ser juzgados a fin de evitar la impunidad. La Fiscalía General de la Nación estima que 4.000 personas fueron asesinadas por miembros de la Fuerza Pública, en asesinatos denunciados como “falsos positivos”. También sostiene el ente investigador que 9.617 personas fueron víctimas de torturas. Estas víctimas están organizadas por el Movice, que abandera un senador aliado de Gustavo Petro, y en organizaciones como la de Madres de falsos positivos de Soacha, que adhirieron a la candidatura de Gustavo Petro. 

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Posterior a la llegada de algunas víctimas individuales, como Ingrid Betancourt, y de las Madres de Soacha a la campaña de la Colombia humana, se divulgó la adhesión de los jefes del partido Farc a Gustavo Petro. Hasta el cierre de eta edición, el candidato no había dado respuesta a esos adherentes, mucho menos ha explicado cómo en su gobierno va a dirimir el conflicto entre la demanda de reconocimiento y garantía de sus derechos que presentan las víctimas y las confirmadas pretensiones de impunidad que tiene los farianos.

Comentarios:

Álvaro
2018-06-12 10:51:25

Me da por pensar que el caso de doña Íngrid Betancur, es un caso típico del síndrome de Estocolmo. Al fin y al cabo como desistió de sus cuantiosas pretensiones indemnizatorias contra el estado colombiano, optó por pensar y por actuar en favor de sus victimarios.

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