La defensa del conductor del camión en el que hace una semana fueron descubiertos en Texas (EE.UU.) 39 indocumentados abandonados, de los cuales 10 fallecieron, buscará que no se considere la pena de muerte para el acusado.

Maureen Franco, defensor público de la Procuraduría General por el Distrito Oeste de Texas, desestimó parcialmente la posible aplicación de esa pena contra James Bradley, porque no existen indicios por el momento de que hubo voluntad manifiesta para cometer el acto delictivo.

"No tenemos indicio de que hubo dolo, es decir la determinación del chofer para perpetuar las muertes a las personas que transportaba", declaró Franco a un medio local.

James Bradley, de 60 años y natural de Clearwater (Florida), es el conductor del camión en donde hace exactamente una semana fueron hallados 39 inmigrantes encerrados y sin ventilación en su interior, en un suceso por el que enfrenta hasta 40 cargos criminales.

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Tras ser detenido por las autoridades, Bradley dijo que hasta que abrió la escotilla desconocía que había personas en el interior del tráiler que transportaba.

"Mencionó que al abrir la puerta trasera del camión se impresionó al ver a personas que hablaban español e intentaban huir, sin embargo no llamó al número de emergencias", esgrime en un documento de la corte el Departamento de Justicia.

Con base en pasados veredictos de casos similares de contrabando de personas en los últimos años, Bradley, quien cuenta con antecedentes por robo a mano armada o infracciones de tránsito, podría efectivamente evitar la pena de muerte.

Así le ocurrió a Tyrone Williams, un inmigrante jamaiquino que salvó la pena de muerte en la que es considerada la peor tragedia de este tipo, ocurrida en 2003 y que se saldó con la muerte por asfixia de 19 inmigrantes, entre ellos un bebé, que estaban encerrados en un remolque conducido por él y abandonado en Victoria (Texas).

La acusación argumentó que Williams era el responsable de la muerte de los inmigrantes, a causa del calor y la deshidratación, por no haber permitido que salieran del remolque y ni encender el aire acondicionado.

La defensa aseguró que su defendido no era culpable porque hasta que descubrieron los cadáveres desconocía cuál era la situación de los viajeros, que en total eran 55 personas.

La fiscalía pidió la pena de muerte para Williams, pero el jurado finalmente lo condenó a 35 años de cárcel sin libertad condicional.

De igual manera, en abril de este año, el estadounidense George Lester fue sentenciado a cerca de 6 años de prisión efectiva por contrabando de personas, tras ser detenido un año atrás cuando transportaba a 10 inmigrantes indocumentados en el interior de un remolque de mudanza.

Lester, de 61 años, quien confesó en un primer momento desconocer el hecho y no tener la llave para abrir el compartimento donde se ocultaban los inmigrantes, dijo en corte que había recibido la suma de 8.000 dólares por cada inmigrante para cruzarlos de México a Estados Unidos.

En septiembre de 2015, la Oficina del Alguacil del Condado Frío (Texas) detuvo al conductor Drew Potter, de 33 años, con cuatro cargos de intento de tráfico de personas y por transportar a 39 indocumentados, entre ellos cuatro menores, con nacionalidades de México, Guatemala y El Salvador.

Potter también argumentó en su momento que no estaba enterado de la presencia de inmigrantes en la carga de su camión que recogió en Laredo y cuyo destino final era San Antonio, Texas. Su defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía y tras declararse culpable de conspiración para transportar indocumentados fue sentenciado a más de tres años en prisión.

El estado de Texas, a través de su gobernador Greg Abbott, ha condenado en numerosas ocasiones el tráfico de personas y este año firmó una ley que exige a los conductores de camiones de carga, a través de un curso informativo obligatorio, identificar posibles casos de contrabando de humanos.

Según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el año 2016 hubo un total de 2.110 investigaciones relacionadas con el tráfico de personas que conllevaron a la presentación de 1.522 acusaciones penales.

La misma fuente señaló que se efectuaron 2.734 arrestos y más de 3.000 detenciones administrativas relacionadas con casos de trata de personas en el año fiscal 2016.