La Fundación Paz y Reconciliación, acaba de entregar un informe según el cual “varios de los aspirantes al Senado y Cámara de Representantes tienen nexos familiares o son herederos de dirigentes que no sólo han sido cuestionados sino hasta condenados por delitos relacionados con la parapolítica, los sobornos de Odebrecht y el cartel de la toga”. 
Insertos en la lista por el Partido de la U., se encuentran John Moisés Besaile Yayad, hermano de Musa Besaile (exsenador, preso por los escándalos de Odebrecht), y Julio Elías Vidal, hermano de Bernardo Ñoño Elías (preso también por los escándalos de Odebrecht), quienes buscan escaños en la Cámara de Representantes. En la lista de Opción Ciudadana, se encuentran Fernando Gómez Bacci, hijo del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, condenado a 55 años por 3 homicidios, y Julio Miguel Guerra Soto, hijo del exgobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, suspendido ocho meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López.
Entretanto, en la lista del Partido Liberal, se hallan Rafael Alberto Escrucería Lorza, candidato a la Cámara de Representantes, heredero político de su padre Samuel Alberto Escrucería Manzi, quien murió pagando una pena en Estados Unidos por narcotráfico, y Mauricio Gómez Amín, también candidato a la Cámara, sobrino del excandidato a la gobernación del Atlántico Jaime Amín Hernández, vinculado con investigaciones por tráfico de influencias en notarías.

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De igual forma, en la lista de Partido Conservador, se enfilan Lina María Barrera Rueda, hermana de Juan Carlos Barrera, condenado a 17 años por desempeñarse como tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las Auc, y Wadith Manzur, hijo del senador Julio Manzur, investigado por parapolítica. A su vez, Andrés Felipe Pérez, por el Polo Democrático para el Senado, es sobrino del exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, preso por presunto peculado.  
Y en Cambio Radical, está Richard Aguilar, para el Senado, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. También, en el Centro Democrático, se encuentra Sergio Araújo, aspirante al Senado, hermano de Álvaro Araújo, investigado por su participación con Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Mejor dicho, todos los partidos políticos, terminaron echando mano de herederos (¿No había más?) de parlamentarios presos o cuestionados por corrupción, implicados en el cartel de la toga, familiares de metidos en líos por corrupción con la multinacional Odebrecht y señalados por formar parte de alianzas con grupos paramilitares. El informe es tan crudo que asegura que “el 40% de los futuros congresistas tendrían relación con estructuras criminales”.   

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Desde otros frentes, caben estos interrogantes: ¿Qué culpa tiene Lionel Messi de que su hermano (Matías) fuera otrora condenado por porte ilegal de armas en Rosario? ¿O Enrique Pareja, exvicefiscal, de que hayan condenado a su primo Jaime Pareja por lavado de activos? ¿O de que le hayan metido 11 años de cárcel en Pekín a Liu Hui, cuñado de un anterior premio nobel de la paz Liu Xiaubo, por fraude en el sector inmobiliario? ¿O de que Juan David Naranjo, hermano del general Óscar Naranjo, haya sido condenado por narcotráfico? Y así, nos haríamos interminables.
Es clarísimo que las personas están amparadas por dos principios tutelares del derecho penal: a) la presunción de inocencia y b) la judicialización del acto. Como dice un tratadista de derecho penal: “las personas solo pueden ser condenadas por lo que hacen, nunca por lo que son”. Es muy distinto opinar que es una desdicha tener un familiar emboñigado, a afirmar que es éticamente cuestionable que la consanguinidad o afinidad generen una condena por el “delito de sangre”. Pero aquí ya los medios y la opinión pública condenaron a muchos sin ensillar la bestia, porque la podredumbre es un aprendizaje que se convierte en una manta muy bien tendida.