Si algo hace parte esencial del concepto democrático y del Estado de Derecho –lo que, se supone, es Colombia- es la separación funcional y la independencia entre las ramas y órganos del poder público, sin perjuicio de la colaboración armónica para lograr los fines estatales, como lo proclama el artículo 113 de la Constitución.

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Que los órganos encargados de vigilar, investigar, juzgar, absolver o condenar, sancionar o deducir responsabilidad (tanto desde el punto de vista penal como disciplinario o fiscal) dependan de quien encabeza los órganos vigilados o que pueden ser investigados, es algo que resta credibilidad y respetabilidad a los actos y decisiones de quien ejerce tales funciones. Así se ha visto en muchas ocasiones en los últimos años en Colombia.

Como lo hemos dicho varias veces, uno de los puntos de mayor importancia que deben ser incluidos en una reforma integral a la administración de justicia -si es que alguna vez se tramita con éxito- es el relativo al restablecimiento de la plena independencia, autonomía y despolitización de los altos tribunales -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral- y de cargos como el de Fiscal General, Procurador General, Contralor, Defensor del Pueblo, Registrador del Estado Civil.

Para todos esos altos empleos, lo fundamental debería ser, en vez del apoyo político partidista, de la recomendación, o de la influencia del Gobierno en ejercicio, el mérito, el conocimiento, la hoja de vida, la trayectoria, la formación y preparación académica, los antecedentes, la especialidad y experiencia. Y, por supuesto, sería necesario que la postulación y elección para acceder a tales dignidades tuviera lugar con participación de las universidades y academias, y de concursos abiertos y democráticos en el ámbito nacional, rechazando por completo la actual práctica según la cual los candidatos se ven precisados a adelantar "campañas", a recorrer pupitres y despachos rogando apoyos y votos, y a prometer burocracia y futuras decisiones. Eso corrompe, compromete y sienta precedentes indeseables en el servicio público.

Por eso, nos habría parecido mejor una elección de Fiscal General con base en un proceso abierto, un concurso, y con total independencia del Gobierno. No fue así, pues el presidente de la República derogó un decreto que se refería a una convocatoria pública de aspirantes y elaboró una terna con subalternos suyos.

No obstante lo dicho, se debe reconocer que en este caso los ternados eran todos competentes. Y destacar la preparación académica y el conocimiento del nuevo fiscal, el Dr. Francisco Barbosa, elegido tras accidentado proceso por la Corte Suprema de Justicia. Como viene de asesorar al presidente de la República en materia de Derechos Humanos, estará obligado a demostrar su plena independencia respecto al Gobierno. Su autonomía. Y debe adelantar una tarea propia de su delicada función, ágil y eficiente, sin estar pensando en antiguos clientes o amigos -como ocurrió en el pasado-, ni en satisfacer al Ejecutivo.

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Confiamos en que será así, y le deseamos muchos éxitos, por el bien de la administración de justicia y por el país.

No parece justo descalificarlo o criticarlo desde antes de iniciar su período. Serán sus ejecutorias, sus actos y decisiones los que nos permitirán evaluar la gestión que emprende. Y su autonomía e imparcialidad.

Comentarios:

Edgar
2020-02-03 07:30:06

Es correcto. Esperamos imparcialidad, seriedad, sin tanta vitrina, como lo ejercieron algunos de sus antecesores.

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