Dos hechos político -judiciales han estremecido al país en estos días: la fuga de alias santrich y la extradición de Andrés Felipe Arias desde USA. El segundo acontecimiento, como caído del cielo, desvió la atención del primero y sirvió para vender la idea de que un criminal es lo mismo que una persona decente. En efecto, se trataría de casos similares, según artículo de Semana del pasado 12 de julio. Nada más perverso.

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Alias santrich gozó de todos los privilegios posibles, legales o no. A él, como a sus compañeros de las Farc se les creó una justicia especial para protegerlos, la JEP. Esta institución dilató ad infinitum la solicitud de extradición de este individuo, haciendo peticiones ilegales a los Estados Unidos, que no le correspondía pedir, y, a pesar de que había pruebas a la vista de que estaba narcotraficando después de la fecha de la firma del acuerdo de paz. El Consejo de Estado definió que el sujeto tenía fuero especial por ser congresista, a pesar de que no se había posesionado, y la CSJ ordenó a la Fiscalía que lo había detenido para juzgarlo por el delito mencionado, liberarlo, para según ella, juzgarlo por ser la competente para hacerlo. Ya el mundo entero sabe lo que pasó. Alias santrich, se fugó, a pesar de sus promesas de comparecer ante la justicia y las altas cortes tienen responsabilidades en semejante burla.

Examinemos ahora el caso de Andrés Felipe Arias. Algunos argumentarán que proclamar la inocencia de Arias, no es sólo falso, sino, además, un argumento inválido denominado petición de principio, que consiste en presentar como probado lo que precisamente hay que demostrar. 

Pero no. El exministro fue condenado en una encerrona judicial. La propia CSJ admitió que no se robó un peso, pero lo acusa de usar la figura de los contratos de ciencia y tecnología para que, a través del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA se manejara la convocatoria y el destino de los recursos de Agro Ingreso Seguro. Lo acusan de desviar esos dineros a ciertos empresarios agrícolas. Pues bien, la práctica de utilizar al IICA mediante contratos de ciencia y tecnología -de las cuales tenía la convocatoria ASI un altísimo contenido-era de uso en distintos gobiernos del país, dada su reconocida capacidad de gestión y el conocimiento que tenía del agro colombiano. Y para que no cupiera duda alguna lo sentenció a 17 años y cinco meses de prisión.

Todo esto, cuando el uribismo estaba buscando candidato presidencial y eran conocidas por el país las desavenencias entre el entonces presidente y la Corte, la cual llegó a decir que, en lo concerniente a la relación con la Presidencia, había que votar en política y no en derecho. El resultado, en ese momento, fue que Arias quedó fuera de la carrera presidencial y destruido personal y políticamente y que Santos, su competidor, tuviera la puerta abierta para la primera magistratura. Si alguien llegase a pensar que esto es muy curioso, tendría todo el derecho a hacerlo.

Nadie está por encima de la ley -salvo los alias santrich, el paisa, iván márquez, etc., todo parece indicar-. Pedir asilo político cuando alguien razonablemente se siente perseguido por las instituciones judiciales es un mecanismo legítimo del derecho internacional al que el exministro apeló, como lo han hecho muchas personas de izquierda, en este país. La CSJ, con el apoyo irrestricto de Santos, lo solicitó en extradición para castigar a la oposición uribista por su cuestionamiento a los términos del acuerdo con las Farc, invocando un tratado de extradición que no se conoce. Y ahora que Arias está en Colombia lo que el común de los colombianos ve es un mártir al que sus enemigos, al que los enemigos del centro derecha uribista han convertido en el sumidero de todos los odios contra esta tendencia y su líder.

Hay un principio universal de derecho que exige garantías de juicio iguales para todos los ciudadanos en igual condición. Hoy, los colombianos, incluso los aforados, tienen derecho a segunda instancia en su proceso, después de aprobarse una ley en enero de 2018. Es lo que procedería ahora para el doctor Arias, pero la CSJ se niega a aplicarlo con anterioridad a la aprobación de esa doble instancia específica de aforados, por razones, según ella, de imposibilidad jurídica, pues habría más de 150 sentencias condenatorias contra este tipo de personas. Y, además, que entre los condenados hay todo tipo de criminales, paramilitares, corruptos, etc.

Es una falacia. El artículo 29 de la Constitución dice: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

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De manera que no es un imposible jurídico porque hay una norma que sustenta la petición y no es contradictoria con otra, ni se sigue de ella una determinación que viole la constitución. Ni siquiera, un imposible fáctico. Es verdad que entre los condenados hay delincuentes de la peor laya. Pero las garantías procesales deben respetárseles a todos, independientemente de su condición personal. De eso se trata el derecho. La justicia, en un estado democrático y liberal debe propender porque todos los procesados tengan justas garantía de defensa, para procurar que ni un inocente sea declarado culpable por errores del sistema. Y si hay recursos para los confesos criminales de la JEP, debe haber recursos humanos y en dinero para que los aforados tengan ese derecho procesal, de manera pronta y justa. Hacer lo contrario, es violar la Constitución y denegar la justicia. Nada más. Pero nada menos.

Comentarios:

Alejandro
2019-07-14 13:49:49

Y entonces cómo se perdió todo el dinero que estaba bajo responsabilidad de él, y que no fue a parar a manos de los campesinos pobres de este país, sino de familias con grandes extensiones de tierra y que no eran para nada pobres y con mucha tierra? De dónde se saca que no se tuvo la misma garantía jurídica en uno y otro caso, y lo que veo es que ambos evaden la justicia y espero que la ley prevalezca en ambos casos, independientemente de los intereses políticos creados, que sólo polarizan más a la gente de este país.

Edgar
2019-07-14 12:48:03

Excelente el análisis del columnista. El problema radica en que en la CSJ posiblemente sigan juzgando con bases políticas , no en derecho. Cruel , no?

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