Fueron seis los aprehendidos que responden a los nombres de Jhonny Herrera, Pedro Nacache, Raúl Piñero, Amado Soto, William Castillo y Juan Solórzano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció el desmantelamiento de una red que traficaba medicinas y que involucra a empleados de una red privada de farmacias, seis de los cuales ya fueron detenidos, una acción que se produce en un escenario de severa escasez de fármacos que tiene más de cuatro años.
Se trata del "desmantelamiento de una red dedicada al hurto de medicinas y productos de primera necesidad para comerciarlos en el mercado ilegal", dijo Saab en una alocución televisada en la que calificó como "delincuentes de alta peligrosidad" a los seis hombres detenidos.
Los aprehendidos fueron imputados por hurto continuado, boicot, reventa de productos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
El fiscal explicó que esta trama fue descubierta luego de que la directiva de la empresa Farmatodo, la cadena de farmacias líder del país con presencia en Colombia, introdujera una denuncia en octubre pasado para investigar "productos faltantes" en sus tiendas.
Las averiguaciones llevaron a la Fiscalía a concluir que conductores, asistentes de carga, supervisores entre otros empleados de Farmatodo robaban parte de la carga enviada desde los centros de distribución.
"O ponían la carga extra en los camiones que luego era descargado en medio del trayecto, violando incluso precintos de seguridad y luego lo redistribuían con el remarcaje (de precios)", subrayó el fiscal.
Señaló que esta red de farmacias "se apropió en un lapso de ocho meses de productos por un valor estimado en 7.500 millones de bolívares" pero, destacó, "el daño producido es muchísimo mayor" pues los productos fueron importados con dólares preferenciales otorgados por el Estado venezolano.
Desde el año 2003 en el país petrolero rige un férreo control cambiario con el que el Estado monopoliza el flujo de divisas, que asigna discrecionalmente a empresas y particulares, sobre todo para la importación de medicamentos y alimentos.
Saab detalló que se aplicaron registros con orden judicial en las últimas horas y que las investigaciones y aprehensiones continuarán "para lograr sentar un precedente que nos permita tratar este tipo de delitos que es un boicot a nuestra economía".
Recordó que desde agosto pasado, cuando fue designado fiscal general por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente -un suprapoder señalado de fraudulento por una parte de la comunidad internacional- la Fiscalía venezolana ha seguido 1.861 causas por "boicot" a la economía nacional, que atraviesa hoy una crisis inédita.
El Gobierno de Nicolás Maduro achaca a una supuesta guerra económica -perpetrada por parte de la oposición local, empresarios y gobiernos extranjeros- la escasez de alimentos y medicinas, así como la crisis general en que entró Venezuela bajo su Gobierno que arrancó en 2013.