“La universidad pública colombiana está en una profunda crisis de financiación, tanto que amenaza su existencia en el futuro”, esa es la realidad que reconocen los estudiantes, los maestros y los directivos de instituciones de educación superior estatal en el país, además fueron las palabras de Cristian Ortega, estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia y uno de los líderes del Carnaval por la universidad pública, que inundó las calles de Medellín este miércoles 12 de septiembre que pasó, al mismo que asistieron unas 40.000 personas, esencialmente estudiantes y docentes de las universidades públicas de Medellín.

En palabras de Carlos Arturo Soto Lombana, profesor universitario e investigador de temas relacionados con la educación, exdecano de esa área y columnista de EL MUNDO, lo que estamos viviendo en el momento es la unión de las partes, especialmente del estudiantado y los empleados del escenario público universitario, para exigir que el Estado reconozca la grave situación.

“Esa unión tiene un elemento simbólico muy especial, en cuanto a que los profesores y los estudiantes están reconociendo este grave problema en el que se está para exigir las salidas al gobierno. Como estamos ante un nuevo gobierno, se tiene la necesidad de un diálogo entre ambos, para instaurar las salidas”, precisó.

Dado el desajuste financiero permanente de las universidades en el país, reflejado entre las transferencias que reciben de la Nación por la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87, el aporte en pesos constantes del gobierno a las universidades públicas aún no logra ajustarse a la canasta de servicios educativos ofrecidos, esa fue la explicación que dio, por su parte, el vicerrector administrativo de la UdeA, Ramón Javier Mesa Callejas, a la causa de la actual desfinanciación de la educación superior pública en el país.

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Los directivos docentes universitarios de Colombia, coinciden en afirmar que sus gastos doblan los índices de la inflación, estos también constantemente crecen al ritmo del comportamiento del IPC, lo que no permite que estos entes públicos concreten a cabalidad su misión. 

Los gastos del año

En el escenario en el que se destaca la importancia de ajustar el tema financiero en las universidades estatales, aparece en acción la necesidad de una clarificación, que la crisis de las universidades públicas es sólo en cuanto a los aportes que le entran para subsistir, esta realidad aún no ha tocado a la calidad educativa y las mejores universidades siguen siendo las públicas, aunque en ese listado también entran unas cuantas privadas.

“La crisis es más de orden financiero, de falta de recursos para poder cumplir todos los compromisos y gastos que se han adquirido en las universidades, que son en cobertura, investigación, programas especiales en ciencia y tecnología, pago de las nóminas, en fin, esa es la crisis”, añadió Soto Lombana.

Por ejemplo, la Universidad de Antioquia deberá terminar este año con un déficit proyectado de $68.876 millones, y fuera de eso tiene la tarea, como todas sus otras pares, de aumentar en cobertura y calidad para el próximo año, el meollo de esto, es que será la misma universidad la que deberá buscar el presupuesto necesario para ello, pues no hay adiciones presupuestales estimadas. Cabe destacar que el Alma Máter entre 2004 y 2017 creció en la cobertura en pregrado y posgrado el 57.9% y el 184.8%, respectivamente.

Ante ello, John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, explicó que la primera medida para enfrentar esta crisis fue el “reducir los gastos”, “aunque la universidad tiene enormes problemas financieros, y ya se está trabajando internamente para moderarlo, pues se fijó un marco fiscal que nos permita tratar de no gastar más de lo que recibimos y eso implicará unas estrategias administrativas que nos posibiliten hacer ahorros importantes en todas las unidades académicas, en lo que se está tratando de llamar la atención de las autoridades competentes es en generar consciencia de que urgen soluciones”, dijo, al tiempo que detalló que el déficit acumulado está cercano a los $113.000 millones. 

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El camino para la solución

Para ir hallando las salidas a esta crisis, el investigador en temas de educación lanzó la idea de lo que sería un primer paso, que el Gobierno Nacional reconozca eso, que efectivamente ese esfuerzo lo ha hecho sin la valoración de lo que debería ser realmente el presupuesto de las universidades estales.

“Es necesario que el Estado reconozca que ese crecimiento alcanzado por las universidades públicas del país se debe compensar con recursos nuevos, recursos que el gobierno no los ha girado; que hagan la base presupuestal necesaria, que de aquí en adelanta cada año el Estado reconozca un aumento importante en esos recursos para poder balancearse”, consideró el experto.

En el maremágnum de esta crisis, las universidades públicas han venido creciendo sus líneas de crédito, se han endeudado cada vez más y gran parte de los problemas que tiene son problemas por endeudamiento con bancos.

Por eso, el vicerrector administrativo de la UdeA expresó que “lo que en este momento se está pidiendo es que el Gobierno Nacional haga un análisis de lo que es actualmente la universidad en cuanto a su cobertura, necesidades, y de ello calcule y le haga la transferencia a las universidades para que se cree el equilibrio financiero”.

Hablan los profesores 

Entre los puntos de la discordia que aducen los maestros universitarios, declarados en “asamblea permanente” por decisión de la Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia, a partir del pasado 23 de agosto, también están las que consideran reformas “inconsultas” por parte del Gobierno Nacional al Decreto 1279 de 2002, en el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes.

Jaime Rafael Nieto, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Asoprudea, expresó que los docentes creen necesario “mantener esta movilización en el tiempo”, con el objetivo de que se vinculen más estamentos universitarios, incluyendo a más directivas del país; por tanto están elaborando una serie de estrategias para ellos también aportar y proponer soluciones a la crisis. 

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Los asociados de Asoprudea consideran que aunque han tenido avances, aún no hay resultados concretos y para ello se hace necesario “lograr la interlocución directa con el Gobierno Nacional para discutir puntos como los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992”, que según Nieto, hacen parte del estamento profesoral y se consideran como los que han incidido directamente en el acumulado histórico de desfinanciación de la educación superior pública.

¿Qué pasa con Ser pilo paga?

La mirada de Carlos Arturo Soto Lombana a lasdificultades con Ser pilo paga, a propósitos del anunció de su fin.

¿Por qué no funcionó el Ser pilo paga?

Por la financiación. Está claro que si hubiera financiación el Gobierno Nacional continuaría con ello. No fue por convencimiento de que el programa esté mal diseñado, es porque no hay recursos.

¿Es es otro más de los sacrificados por la desfinanciación de la universidad pública en el país?

Por supuesto, tiene que ver con todo el impacto financiero y la falta de recursos de las universidades públicas.

¿Cuál ha sido la experiencia de las universidades con los Ser pilo paga?

Hay cosas positivas, no todo en el programa es negativo; es positivo que tiene el acceso a la educación privada por parte de los estudiantes de más bajos recursos; es también bueno que las universidades privadas conozcan las características de los estudiantes de más bajos recursos.

Lo otro es que, de todas maneras, así el programa Ser pilo paga se vaya a transformar, el gobierno está obligado a plantear algo similar, independientemente de cómo sea ahora el el programa y de cómo se vaya a perfilar, ya queda un compromiso con estas poblaciones muy claro y el gobierno tiene que sacarlo adelante.

Cuando se presentó Ser pilo paga varias personas del sector alertaron lo que podría pasar, ¿será que no se tomaron en cuenta? ¿Qué cree que pasó en este proceso?

Pienso que el gobierno de Juan Manuel Santos encontró una manera expedita de transferir recursos públicos al sector privado, en el sentido en el que a través del programa de becas las universidades privadas no tenían que justificar los recursos, ¿en qué los iban a invertir? Recordemos que, por ejemplo, no es lo mismo recibir recursos vía convocatorias, para hacer consultorías o para ejecutar proyectos de investigación, en las que todos los recursos que requiere una entidad, pública o privada, tiene que justificar; en este programa lo único que tenía que hacer la universidad era fijar el monto de la matricula, y nadie le preguntaba a la universidad por qué ese monto y no otro.

De esa manera. Todos los recursos que se transferían no tenía auditaje; desde mi punto de vista, se constituyó en una estrategia muy bien elaborada, desde el sector privado con las personas del gobierno para deliberadamente transferir recursos oficiales al sector privado.

El lío que tienen las universidades públicas con la aplicación de la Ley 30

Respuesta de Carlos Arturo Soto Lombana.

Esa Ley definió la manera de financiar las universidades, en ella se contempló que el presupuesto asignado en el año de 1992 iban a hacer la base para calcular el presupuesto de las universidades año tras año, solamente incrementado en el IPC, entonces, desde ahí quedó congelado el presupuesto de las universidades, lo que hace cada año es una actualización de ese monto que se le gira a las universidades; si las universidades hubieran quedado con los mismos compromisos del 1992 y no hubieran crecido, uno podría decir que ese presupuesto estaría bien, pero, a continuación, el gobierno comenzó a solicitarle a las entidades crecimiento, cobertura, hasta el punto que muchas universidades triplicaron el número de estudiantes, crearon más programas, y por consiguiente al tener el mismo presupuesto indexado fue lo que hizo que la universidad pública comenzara a conseguir otros recursos y con el tiempo entonces el presupuesto total de las universidades, el aporte que hace la nación o entes territoriales, ha venido disminuyendo proporcionalmente.

En el caso de la Universidad de Antioquia el aporte que hace la nación está cercano al 40% y el alma mater tiene que gestionarse el otro 60%, con ventas propias, otras ventas de servicio, consultorías e investigación.

Se trata de un congelamiento de los aportes desde el año 92, y a pesar de ese congelamiento la universidad pública ha tenido que crecer y las necesidad.