Estos resultados fueron posibles gracias a la combinación efectiva de más empleo formal, reducción de la pobreza, políticas redistributivas, sostenibilidad fiscal, estabilidad del sistema financiero y control de la inflación.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.
“La disminución de la pobreza es el logro que más enorgullece al Gobierno”, así lo señaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, al presentar un balance de los avances económicos del mandato del presidente Juan Manuel Santos.
En los últimos ocho años, 5,4 millones de colombianos salieron de la pobreza. De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2010 y 2017 la pobreza multidimensional pasó de 30,4% a 17,0%; la pobreza monetaria, de 37,2% a 26,9%, y la pobreza extrema, de 12,3% a 7,4% de la población, convirtiendo a Colombia en el país con mejores resultados en disminución de la pobreza en la región.
Igualmente, la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo de 11,8% en 2010 a 9,4% en 2018, lo que significa 3,5 millones de nuevos empleos, aspecto en el cual el país también ocupó el primer lugar entre sus vecinos, y la tasa de desempleo rural, de 8,5% a 5,0% en el mismo período; es decir, 530.000 nuevos empleos en el campo.
Durante el presente gobierno, no solo aumentó el número de personas que encontraron trabajo, sino la calidad de ese empleo. Entre 2010 y 2018, la tasa de formalidad, en las trece principales áreas metropolitanas, pasó de 42,1% a 50,6%, lo que significa que se crearon 2,5 millones de empleos formales; esto dio como resultado que, por primera vez desde que se hacen estos estudios, hoy hay en Colombia más trabajadores formales que informales.
Uno de los factores que ayudó a la formalización del empleo, además de la reducción de los gastos parafiscales originada en la reforma tributaria de 2012, fue el aumento en la cobertura de la educación superior. En 2010, 37 de cada 100 bachilleres pasaba a la educación superior; el año anterior, el porcentaje superó el 51%.
Todos estos avances, permitieron que la desigualdad se redujera a su mínimo histórico, pasando de 0,560 (el mismo nivel de Mozambique) en 2010 a 0,508 (similar al de Panamá) en 2017, porque según el Coeficiente de Gini, a medida que aumenta la desigualdad, se acerca al valor de uno.
Este Gobierno debió enfrentar el choque externo más grande de las últimas décadas. Debido a la crisis en los precios de las materias primas, las exportaciones petroleras cayeron 71%, pasando de más de US$27.000 millones en 2013 a poco más de US$8.000 en 2016. Los ingresos del Gobierno Central derivados de la producción de hidrocarburos casi desaparecieron, llegando a representar solo el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016.
En respuesta, el Gobierno implementó lo que se conoce como austeridad inteligente, que tuvo tres características principales: búsqueda de mayores ingresos no petroleros, reducción del gasto público, sin afectar los principales programas sociales, y utilización del mayor déficit fiscal permitido por la regla fiscal.
En 2017 se consolidó el proceso de ajuste. El crecimiento de la economía, 1,8%, estuvo por debajo de las expectativas, pero el desempleo se mantuvo en un dígito. Finalmente, el proceso dio sus frutos: el desbalance de cuenta corriente volvió a estar por debajo del 3% del PIB y la inflación llegó, a comienzos de este año, al 3,16%.
A pesar de los retos, se mantuvo el crecimiento, que no solo se sostuvo a lo largo de la década como el más alto desde los años 70 en el país, sino que estuvo entre los más altos de América Latina en los últimos ocho años (con un promedio de 4,0% del PIB). En cuanto a la tasa de inversión como porcentaje del PIB, ha sido la más alta, en promedio, desde la década de los años 70 (27,6%) y, al compararla con otros países de Latinoamérica, Colombia registró la tasa más alta entre 2010 y 2017.
Adicionalmente, gracias a un manejo adecuado de las finanzas públicas, no solo logró mantener el grado de inversión, que Colombia había recuperado en 2011, sino que fue, junto con Perú, el país de la región con mayores aumentos en su calificación crediticia.
En su informe de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye que, gracias a unas políticas económicas bien ejecutadas, el ajuste está prácticamente terminado y están sentadas las bases para la recuperación económica.
En gran medida, estos avances se dieron gracias al esfuerzo del gobierno para crear un nuevo marco jurídico que brindó las bases para un progreso con justicia social.
Durante los últimos ocho años, se aprobaron 54 leyes y tres actos legislativos, con el fin, entre otras cosas, de cuidar la sostenibilidad fiscal, hacer más equitativo el Sistema General de Regalías (SGR), modernizar el sistema tributario, impulsar la competitividad empresarial, mejorar la infraestructura de transporte y darle una nueva posición al país en el mundo, con la conformación de la Alianza del Pacífico y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
Igualmente, se impulsó una legislación que asegure la inyección de recursos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y así impulsar el desarrollo económico, esquivo por tantos años en estos lugares. En estas zonas se han creado, entre octubre de 2017 y junio de 2018, 541 nuevas empresas, y se han aprobado 23 proyectos de inversión, por más de $220.000 millones, en el marco del programa Obras por Impuestos, que beneficiarán a 25 municipios de doce departamentos.
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