La educación es un derecho inalienable de todo ciudadano, a su vez es un puente de equidad y movilidad social, pero, queda en entre dicho su efectividad gracias a unos pocos, que como bien se sabe, juegan golosa (rayuela o tangara) brincando entre programas académicos para volverse eternos en el claustro educativo, con la misión non sancta de perpetuarse para desestabilizar la institucionalidad, pero, por esos pocos se estigmatiza a la gran mayoría, se pierden oportunidades de ingreso rápido al mercado laboral frustrando a muchas familias esperanzadas en un futuro mejor gracias al nuevo profesional.

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La universidad pública a la vez de ser ese espacio de oportunidad es un actor importante en la distribución de la riqueza, no solo como opción de formación, sino que a través de los ejes misionales como son la investigación y la extensión, esta última vista desde dos aspectos del relacionamiento con el entorno, tanto con el sector productivo como con las comunidades en el marco de la responsabilidad social universitaria, dinámicas que trascienden las fronteras del campus, qué de la mano de los diferentes actores pretenden impactar positivamente en el desarrollo socioeconómico del país.

Propender por volver los campus del conocimiento en zonas de guerra es una actitud anacrónica del conflicto por parte de quienes no tienen la capacidad de tener una mirada panorámica de las múltiples realidades y verdades, sino que siguen con una visión tipo túnel apoyados en anteojeras limitando la mirada panorámica, en dónde su realidad es la única valedera. La universidad como toda institución integrada por seres humanos es imperfecta, pero, en ese camino hacia la perfección es donde todos los estamentos administrativos y académicos, apoyados en una sociedad que las acoja y no la rechace deben aunar sus esfuerzos. De nada sirve tener instituciones o programas acreditados en alta calidad si la misión universitaria se ve truncada por una minoría anarquista.

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Dos ejemplos se han dado en dos de las universidades públicas antioqueñas, en defensa de su instituciones, como ha sido el de la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, en donde unos estudiantes valerosos, en dos momentos diferentes de manifestaciones, sacaron a los encapuchados de sus campus, rechazando de esa manera las acciones generadoras de inestabilidad, actitudes que deben ser emulados por todos los estudiantes universitarios del país, porque no solo está en juego la institucionalidad sino el mismo futuro de los estudiantes, mientras, que un estudiante de una universidad privada desarrolla su carrera entre 8 y 10 semestres, los estudiantes de la universidad pública se puede demorar entre dos o tres semestres más, gracias a la anormalidad académica, porque no es solo el costo económico de los paros, sino los costos ocultos derivados de la parálisis, como es el costo de oportunidad de un futuro mejor.

Comentarios:

Edgar
2019-12-05 17:21:03

Es una verdad: si yo hubiera terminado estudios en la UdeA antes de pedir trabajo, no me lo hubieran concedido, dada la mala atmósfera que, en muchas empresas, se le brinda a quien sale de una universidad pública. Por fortuna salí de la U cuando ya tenía trabajo. Y sí, me consta de un compañero que tomaba la menor cantidad de créditos y materias en cada semestre, para perpetuarse, subvencionado por el gobierno de Fidel Castro.

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