El Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones económicas por "corrupción y represión" a cuatro funcionarios de alto rango estrechamente vinculados al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y pidió colaboración a sus socios internacionales para "aislar a este régimen opresor".

"Esta acción subraya la determinación de EE. UU. de responsabilizar a Maduro y a otros de su participación en la corrupción en Venezuela. Pedimos a todas las partes afectadas y a nuestros socios internacionales en todo el mundo que se unan a nosotros y al pueblo venezolano para aislar a este régimen opresor", señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Los sancionados son el exministro chavista y actual gobernador del estado de Aragua, el general retirado Rodolfo Clemente Marco Torres; el también general retirado y exgobernador de Bolívar Francisco José Rangel Gómez; el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Enrique Zavarse Pabón, y el teniente general del Ejército y ministro de Frontera, Gerardo José Izquierdo Torres.

Las sanciones contra este grupo de altos jefes militares, en activo o retirados, establecen el bloqueo de todos sus activos en Estados Unidos y prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar negocios con cualquiera de ellos.

Esta medida establece, además, la inclusión de los cuatro funcionarios en la conocida como "lista Clinton" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro, que incluye a supuestos cabecillas del crimen organizado con los cuales los estadounidenses tienen prohibidas las relaciones comerciales.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro la inclusión de estas personas en dicha lista negra pone de manifiesto que "la corrupción y la represión continúan floreciendo bajo el régimen de Maduro, tanto por aquellos en puestos gubernamentales actuales como por exfuncionarios que continúan beneficiándose de un sistema corrupto".

Este anuncio se produce apenas un día después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidiera durante un encuentro con periodistas la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela, por considerar que son el único "camino diplomático" que queda para que Maduro se vea forzado a aceptar un "proceso electoral claro".

Le puede interesar: Nuevo presidente del Parlamento venezolano buscará acabar con división

Desde el pasado mes de septiembre, Almagro ha promovido incluso diversas audiencias para estudiar si hay base legal para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), algo que, según ha llegado a decir, estaría dispuesto a hacer por si solo, si no consigue recabar el apoyo de ninguna nación.

Por su parte, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una tensa relación con su homólogo venezolano, aplicó a lo largo del año pasado una extensa batería de sanciones contra diversos funcionarios del régimen bolivariano, entre los que se encuentra el vicepresidente Tareck el Aissami.

De la misma manera que el Departamento del Tesoro pidió a sus socios internacionales que se involucren, el pasado mes de septiembre el propio Trump llegó a pedir a la Unión Europea una implicación más activa en la cruzada contra el régimen bolivariano ante la "deriva totalitaria" de su gobierno.

Trump, que en agosto del año pasado llegó a afirmar que la "opción militar" era posible, por el momento ha apostado por la vía diplomática, si bien recrudeció la adopción de sanciones contra el régimen bolivariano después de que éste promoviera la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con poder para redactar una nueva Constitución.

Hoy el Departamento de Estado volvió a insistir en la "ilegitimidad" de dicha Asamblea y denunció que el gobierno venezolano "ha desmantelado tres influyentes partidos de la oposición" con el objetivo de impedir su participación en las elecciones presidenciales de este año.

Por su parte, el Gobierno venezolano denunció a comienzos de diciembre que las sanciones aplicadas por las autoridades estadounidenses han supuesto el bloqueo de unos 3.000 millones de dólares, lo que habría dificultado al régimen el cumplir sus compromisos de deuda externa.