Una auditoría de la Contraloría de Medellín al proyecto hidroeléctrico Bonyic, en Panamá, identificó hallazgos administrativos en el proceso de diseño, construcción y control, que causaron sobrecostos por 145 millones de dólares.
EPM es la accionista mayoritaria de la Hidroeléctrica del Teribe con el 99,18% de las acciones.
La concejal María Paulina Aguinaga divulgó esta semana en el Cabildo el informe de auditoría especial suscrito por Carlos Mario Escobar y fechado el pasado viernes 9 de febrero. El documento cuestiona la gestión de Conconcreto Internacional, administradora delegada; Integral, diseñadora y supervisora, y EPM, propietaria del 99,18% de la central. El fruto de errores administrativos que datan de 2003, y que se habrían extendido en el tiempo, es, según el auditor y la concejal, un detrimento patrimonial de EPM equivalente a $420.000 millones.
En 2003, la empresa antioqueña visibilizó en Bonyic una vía de acceso al mercado de generación de energía en Centroamérica, que se traduciría en un crecimiento para sus utilidades con base en los bajos costos de inversión que se tendría en esta hidroeléctrica, además de generar recursos en dólares.
Bonyic se encuentra ubicado en la provincia panameña de Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica, una zona donde la topografía y la alta precipitación pluvial hacen posible la producción de energía eléctrica. De acuerdo con el documento de la Auditoría, que la cabildante divulgó, el proyecto Bonyic debió construirse en un término de 36 meses a partir de 2003, y por valor de 50 millones de dólares.
El ente fiscalizador reconoció en él que el proceso constructivo enfrentó obstáculos ajenos al administrador delegado (Conconcreto Internacional), como la demora del Gobierno de Panamá en conceder la licencia ambiental. A ello se sumó el entorpecimiento de la construcción por la comunidad indígena Naso Tjer Di y una avalancha que impuso el cambio de diseño y ubicación de la casa de máquinas, que inicialmente era superficial, para convertirla en una subterránea, hechos obstaculizantes que también explicó el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, después de la rueda de prensa de la cabildante de Medellín.
La financista Aguinaga cuestionó, por su costo, la decisión de los ingenieros de EPM, Conconcreto e Integral, de trasladar la casa de máquinas y construirla en soterrado, tomada, según lo explicó el informe fiscal, para evadir el riesgo de posteriores deslizamientos.
El proyecto Bonyic fue ejecutado por Conconcreto Internacional mediante contrato de administración delegada. Este, implica un acuerdo en el que una persona (EPM) delega a otra (Conconcreto) la ejecución de una determinada obra, sin que quien delega pierda vigilancia sobre quien ejecuta. Esta clase de contratación resulta flexible, ya que el precio total puede variar dependiendo del tiempo y los recursos contratados para ello.
La Contraloría señaló que a las dificultades externas se sumaron desórdenes en la ejecución del contrato por las firmas designadas por EPM en 2003. Estos implicaron que la construcción pasara de su presupuesto inicial a tomarse 11 años y que su costo ascendiera a USD $314 millones, sextuplicando el valor inicialmente planteado.
Aunque el proceso de esa construcción, y las dificultades del administrador delegado, fueron estudiados en sesiones de la junta directiva de EPM, la concejal Aguinaga dictaminó que dichos sobrecostos se deben a un desorden administrativo presentado en las diferentes juntas directivas de EPM a lo largo de los años en que se ejecutaron las obras de Bonyic.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General de Medellín, EPM tuvo conocimiento de que el proyecto no era viable económicamente y aun así siguió invirtiendo recursos en él, presuntamente llevando a no cumplir con el principio de eficiencia. En apartes transcritos de las actas de junta directiva, los líderes de EPM analizaron el significado de una ruptura con las empresas contratantes, que desarrollan varios proyectos para la compañía estatal. El auditor no recogió los análisis de la Junta al costo y riesgo de detener un proyecto impidiendo que entrara a generar energía para Centroamérica, como hoy lo hace, produciendo aproximadamente 156GWh/año.
Aguinaga cuestionó el modelo de contrato suscrito en 2003, bajo la gerencia de la también financista Edith Cecilia Urrego, porque este “era un contrato por administración delegada, es decir, entre más costara el proyecto mejor para estas empresas porque más honorarios iban a poder cobrar”.
De acuerdo con el informe de la Contraloría: “el valor de las obras se incrementó en USD115.560.512, es decir, un 240%, mientras que los honorarios lo hicieron en USD11.261.063, equivalente al 246%; de tal suerte que el crecimiento total en las actividades de este contrato, ascendió a USD126.821.574”.
Durante el tiempo activo del proyecto de Bonyic, han pasado por la cabeza de la empresa de servicios Edith Cecilia Urrego Herrera (2003), Juan Felipe Gaviria Gutiérrez (2004), Federico Restrepo Posada (2008), Juan Esteban Calle (2012), y Jorge Londoño de La Cuesta (2015).
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