Para el Comité Internacional de la Cruz Roja "estamos a tiempo" en Colombia de actuar para solucionar el conflicto armado que se vive en muchos territorios de Colombia. El informe que da el balance del organismo humanitario en el país, dado a conocer este jueves en Bogotá, plantea un panorama en el que si bien ya no hay la misma presencia del grupo armado más grande del país, demuestra que en muchos territorios "la paz no ha sido una realidad o no se ha visto un cambio" tras la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

Así, el organismo ha identificado "más de 550 casos de violaciones recientes al derecho internacional humanitario (DIH) y al derecho internacional de los derechos humanos, tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados. En particular, nos preocupan departamentos como Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Antioquia, Arauca y Caquetá", reza el informe.

La cifra no es extraña si se tiene en cuenta que en diversas regiones y departamentos del país, hay presencia de disidencias de las Farc (el antiguo Bloque Oriental, por ejemplo), el Epl, las Agc y el Eln, sin contar las demás estructuras criminales que generan violencia intraurbana.

La violencia continúa y a su vez, la población civil se ha visto afectada, toda vez que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, reportó que sus equipos activaron 14 operaciones humanitarias de emergencia el año pasado, la mayoría en la costa pacífica, para brindar asistencia a víctimas de desplazamiento o a quienes habían quedado confinados debido a confrontaciones armadas, entres los grupos que han ocupado el lugar y el control de los sitios donde las Farc ya no hacen presencia.

Lea también: Santos pidió a los colombianos “no ceder ante el miedo”

Los retos para el país

Sin duda, esta campaña electoral es importante, pues es la primera ocasión en la que el desmovilizado grupo de las Farc es un partido político que combatirá, ahora, desde la democracia. Pero más allá de esto, esta organización humanitaria lo ve como un momento en el que los futuros gobernantes deben tomar acciones de fondo por las víctimas del conflicto armado

Olivier Moeckli, jefe de la subdelegación de Medellín de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, abordó una de las problemáticas que más le preocupa a esta organización. "Desde el año pasado desde la implementación del Acuerdo de Paz ha cambiando bastante la situación del país. En esas zona lamentablemente, en Chocó y en el Norte de Antioquia, el Bajo Cauca y Córdoba; siguen situaciones de conflicto y violencia bastante fuertes. en general podemos decir que la situación ha cambiado y se plantea una nueva situación de inquietud, pero también de esperanza", dijo a EL MUNDO.com.

Además, los casos de desaparición, las amenazas, los homicidios selectivos, la violencia sexual, los desplazamientos masivos y gota a gota, las extorsiones, el confinamiento, las minas antipersonal y otros explosivos, el control social y la vinculación de menores de edad a grupos armados y pandillas; son otros de los hechos que han identificado.

Sumado a lo anterior y como es presentado en el informe, existen diferentes fuentes de información en el conflicto armado colombiano, que sumado al subresgistro, hace que no se sepa la cifra esxatca de víctimas de delitos de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada. 60.630 es la cifra reportada de desaparecidos entre 1970 y 2014 por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, mientras que la Unidad para las víctimas reporta 47.025 (para el periodo entre 1985 y enero de 2018) y 91.187 personas reporta el sistema de información de la Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec), entre 1970 y el 17 de enero de 2018.

"El Cicr le hace un apoyo muy fuerte a esa nueva unidad de búsqueda de personas desaparecidas. es una forma muy importante a avanzar en la resolución de los casos de desaperecidos, se contempló en lo que se acordó entre el Gobierno y las Farc, que la unidad iba a tener un papel humanitario. Lo más importante es que las familias tengan respuestas", recalcó Moeckli.

También le puede interesar: El dilema de Santos  

Y no es para menos, pues el Cicr entre 2015 y 2017 registró un 133 % de aumento en los casos de desaparición abiertos para poyar a los familiares en la búsqueda de los mismos, pues se habían presentado 321 en 2015, 604 en 2016 y 748 en 2017. Así, el informe concluye que la búsqueda de verdad para estas familias es el reto humanitario más grande en la actualidad; por ello, la organización reclama que el esfuerzo no ha sido suficiente.

Otro de los retos planteados por el Cicr es la crisis carcelaria por el hacinamiento, ya que 46 por ciento, según cifras del Inpec de enero de 2018. Este dato indica que hay una sobrepoblación de más de 36.400 personas. "No obstante, las graves consecuencias humanitarias de esta ineficiente política criminal van más allá, e incluyen la deficiente atención médica y la falta de condiciones sanitarias, lo cual acelera la propagación de enfermedades", señala el informe.

Sin embargo, la principal problemática no es el hacinamiento, que calificaron como "la punta del iceberg", es que la política criminal del país es ineficaz.

"Dentro del aparato legislativo colombiano existe alternativas a la encarcelación, que estés como medidas de prevención o alternativas y hacemos un llamado a que el estado colombiano estudie posibilidades más allá de simplemente poner la gente en la cárcel. Ahí hay un problema y la construcción de más cárceles no es una solución a largo plazo", enfatizó el Jefe de la Sudelegación de Medellín.

La organización reportó que su trabajo humanitario tuvo un impacto sobre la vida de 65.700 personas, 690 familiares de desaparecidos recibieron apoyo y orientación sobre sus derechos, mientras que 271 recibieron noticias sobre la suerte de su familiar desaparecido. De ellas, 133 restablecieron el contacto y 138 fueron notificada de la muerte de su ser querido.

A su vez, 19 cuerpos de personas fallecidas en zonas de conflicto fueron recuperados y entregados a las autoridades para su identificación, 3.300 desplazados recibieron alimentos, insumos o dinero para superar la emergencia, 11.980 personas que viven en zonas afectadas por artefactos explosivos aprendieron a evitar accidentes, 490 víctimas recibieron atención psicológica y psicosocial y 107 menores de edad desvinculados de grupos armados comenzaron el tránsito hacia una vida nueva.