Con una orden del presidente Santos parece superada la exclusión de las personas con discapacidad del Censo Nacional de Población, cuya primera etapa empezará la semana entrante. Es una herramienta de planeación que determina las políticas, las inversiones, los programas, las coberturas, que nos ayuda a saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos y qué necesitamos. Por eso la preocupación por las preguntas que se iban a sacar del cuestionario, aduciendo falta de recursos.

Aunque el panorama parece despejado la experiencia indica que no se puede bajar la guardia porque en cualquier momento salta la liebre. En todo caso, el asunto es lo que hay de fondo, porque cuando se utiliza el argumento presupuestal para hacer recortes, lo que se recorta es sin duda lo que menos indispensable consideramos. Y con el censo, hemos dicho, es mejor no hacerlo que hacerlo mal hecho.

El expresidente del Consejo Nacional de Discapacidad, Juan Pablo Salazar, quien renunció a esa instancia porque fue nombrado miembro del Comité Paralímpico Internacional, dijo esta semana en su columna de El Tiempo, que las cuatro preguntas de discapacidad representan 25.000 millones de pesos, “Es decir, casi la mitad de lo que cuesta una consulta liberal o las moronitas de lo que cuesta un soborno de Odebrecht”. No queda claro de dónde sale el sobrecosto ni por qué, si hay que recortar, lo que se decide es no preguntar por la discapacidad.

El censo es una gran encuesta que parte de la voluntad propia de proclamación. Es decir, a una persona se le pregunta por el estado civil, pero no se coteja un documento que diga que lo suyo es un matrimonio y no una unión libre; o si tiene casa propia, pero no se le piden las escrituras; en el mismo sentido, se le pregunta si se considera miembro de una etnia o si tiene alguna discapacidad. No se requiere de personas expertas en el tema sino en aplicar encuestas. De manera que el valor del censo, si se altera, será en la definición de las preguntas con grupos de expertos, o en lo que represente sobrepasar las 50 preguntas que parece es lo que leen las máquinas del Dane. Si es así, lo que hay que revisar es el conjunto de las preguntas para que se aborden todos los sectores de la población.

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Dice Salazar en su columna que el director del Dane, Mauricio Perfetti, se había comprometido con el Consejo Nacional de Discapacidad a no excluir a esa población, como ocurrió en el censo anterior. Pero además de ello, Colombia suscribió y ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, lo que implica unas obligaciones más allá de la simple declaración demagógica de inclusión.

Ya habíamos subrayado en este Memento avances normativos para esa población, como la inclusión laboral, el mejor acceso a la educación y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, pero todo eso y más, corre el riesgo de quedarse en letra muerta cuando le restamos importancia a saber quiénes son las personas con discapacidad y qué apoyos necesitan de la sociedad.

Ese es el tamaño de la exclusión. Hoy, creemos que hablamos de más de tres millones de personas, pero no hay un dato certero. Cómo podremos entonces esperar políticas públicas, programas, coberturas, respuestas a una situación que no conocemos ni dimensionamos. Otro tanto, advierte el editorial de El Espectador, ocurre con las minorías étnicas y las mediciones de pobreza multidimensional, datos imprescindibles para conocer la realidad nacional y poder definir acciones que nos permitan mejorarla.

No es exagerado entonces cuando el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DescLAB, dice que el censo es una herramienta para la garantía de derechos. Es decir, se trata de un instrumento técnico y estadístico para los próximos diez años que comporta una utilidad política vital. Por eso, no estar en el censo es estar excluido políticamente, no hacer parte de las prioridades de inversión ni de la garantía de los derechos. Un costo social muy alto, comparado con los beneficios que se reciben por otras inversiones como se ha señalado, y por eso interpusieron una tutela contra la exclusión del censo.

Con el anuncio del presidente se han calmado las aguas, pero nos falta mucho para llegar a su profundidad y entender lo que significa la dignidad de las personas. De todas, porque si queremos un país para todos debemos conocerlo. Empecemos con un censo de todos.