Sin que medie distancia crítica, los medios de comunicación concentran gran interés y dedican amplios espacios a divulgar el congreso político de las Farc que avanza en Bogotá, para ratificar su ideología extremo-izquierdista y presentar sus candidatos para el 2018.

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Este congreso es anticipado porque con él se pretende notificar al país de la recuperación plena de los derechos políticos de los farianos, a pesar de que aún no comparecen ante la Justicia Especial para la Paz para recibir las sanciones que ella considere acordes a los graves crímenes perpetrados por un grupo que conculcó las libertades individuales y violó los derechos políticos de los habitantes de los territorios donde tuvieron presencia, hechos que minaron la democracia y afectaron a toda la sociedad.

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No obstante lo irregular, farianos, gobierno y medios de comunicación han logrado hacer pasar el congreso político como si se tratara de un beneficio corriente, y con escaso sacrificio para la Nación, a cambio de la desmovilización. No es así. Con la restricción de los derechos políticos de los criminales, el Estado protege a la sociedad, y con su restitución como último beneficio tras la pena, garantiza que no los usarán para limitar los derechos individuales y políticos de los otros ciudadanos. En el caso de las Farc, esa restricción hasta las definiciones de la JEP garantizaría que no sigan acudiendo a tretas para eludir obligaciones constitucionales con sus víctimas.

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La reunión política fariana debe sacudir a la Corte Constitucional y el Congreso, que aún tienen pendiente decidir, y dar vida, a la creación y reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, instancia que tendrá la inmensa responsabilidad de revisar procesos contra los guerrilleros que ahora se proclaman en campaña electoral.