Al ordenar a la Presidencia de la República la sanción de la llamada Ley Sara, la Corte Constitucional ha ratificado su interpretación maximalista del concepto “estado de salud” definido por la OMS, la cual había venido expresando a través de sentencias de tutela que ordenaron atender onerosas necesidades o deseos particulares, no siempre asociados a la atención de enfermedades. La decisión divulgada al finalizar la semana que termina, y sobre la que no se conoce sentencia, genera onerosas cargas al sistema de seguridad social y abre las puertas para nuevas leyes para tratamientos exorbitantes exigidas por grupos de presión que reúnen a farmacéuticas, laboratorios o médicos impulsores de tratamientos cuyo costo no se corresponde con su eficacia con pacientes desesperados ¿o manipulados? Pretenden tales grupos imponer al Estado -léase a la sociedad- la carga de atender o resolver problemas funcionales que no ponen en riesgo la vida ni disminuyen las capacidades físicas, emocionales o síquicas del individuo o el colectivo.

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El proyecto de Ley aprobado en 2017 y objetado en el mismo año por la Presidencia de la República exige que el sistema público de salud asuma los tratamientos de fertilidad que hoy necesitarían 235.914 parejas impactadas por disfunciones de fertilidad, cuya aclaración exige realizar costosos exámenes y atenciones. Ofrecer tratamientos que tienen dudosa efectividad podría tener un costo anual de $13 billones, señaló la Presidencia de la República en sus objeciones a la iniciativa. La ley objeto de debate fue impulsada por la representante atlanticense Martha Villalba Hodwalker, del Partido de la U, y promovida a través de acciones públicas por grupos de presión como la fundación Más fértil Colombia. En la base de la aprobación de la iniciativa por el Congreso y la Corte Constitucional, en votación 6-2, se ha puesto la idea de que la disfunción en la fertilidad, como antes lo fue en la eréctil, es “un problema de salud” que debe ser atendido como “un derecho”.

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Entender la justeza, o no, de la aspiración de parejas con problemas de fertilidad que han sido atendidas con esta decisión de la Corte Constitucional será posible al comparar la orden a la sociedad para que alivie el deseo de algunos con las realidades en capacidades y deficiencias del sistema de salud.

El Instituto Nacional de Salud reportó que hasta el pasado 5 de octubre, fin de la semana 40 del año, habían muerto en el país 206 niños menores de 5 años, por causas asociadas a desnutrición, notando que vienen creciendo los inmigrantes que sufren este mal curable mediante políticas públicas. Y la última Encuesta nacional de seguridad alimentaria y nutricional, Ensin 2015, el 54,2% de los hogares colombianos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. En buena parte del país, la inseguridad alimentaria está asociada a la falta de agua potable y de sistemas de saneamiento. La seguridad alimentaria, la oferta de agua potable y la construcción de sistemas de saneamiento siguen siendo respuestas aplazadas por el Congreso y el Gobierno.

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A lo largo de los años y por cuenta de la generosa concesión de tratamientos no comprobados o para disfunciones que no son enfermedades, fallas administrativas y hechos de corrupción no sancionados con rigor, el sistema de salud ha acumulado un cuantioso déficit que se ha tasado apenas parcialmente. El Ministerio de Salud calcula que el que tienen las EPS con los hospitales oscila entre siete y doce billones de pesos. Las entidades administradoras del sistema no se encuentran en mejor estado: en la cuestionable operación de venta de Cafesalud a Medimás están involucrados $1,4 billones de pesos no pagados por la compradora, situación objeto de la revocatoria de la operación, una medida que impacta a cerca de seis millones de afiliados. Savia Salud, la principal EPS del régimen subsidiado del país, que atiende a 1,7 millones de afiliados, podría resolver su grave crisis financiera presente con $600.000 millones, según los últimos valores divulgados por la Gobernación de Antioquia.

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La última decisión de la Corte Constitucional en materia de salud impone esta comparación entre los problemas que el Estado busca resolver, la cantidad de personas a cuidar y la efectividad de las respuestas en la perspectiva de ofrecer soluciones de salud eficaces a quienes tienen enfermedades que ponen en riesgo su vida o sus capacidades o a quienes están en riesgo de contraerlas por problemas que se resuelven con voluntad y algunos recursos públicos. Y los simples datos revelan como interpretaciones exageradas sobre los derechos exigibles fácilmente derivan en la generación de onerosos privilegios para mínimas porciones de la población, cuya satisfacción se carga a los más vulnerables, o sea a los niños en riesgo por desnutrición, a las poblaciones sin agua potable o a los afiliados que no pueden ser atendidos por la crisis financiera del sector salud.

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