Desde el Gobierno Nacional se viene cocinando una reforma al decreto 1279 de 2002 que establece el régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades públicas; sin conocerse la propuesta del gobierno, ha trascendido que la reforma del decreto busca introducir cambios en la manera de hacer los reconocimientos salariales por productividad académica a los profesores.

En la actualidad el decreto asigna puntos salariales a los profesores que logran realizar patentes, creación de obras artísticas, o publicar en medios académicos de reconocido prestigio internacional (revistas, libros, entre otros); estos puntos salariales se integran al salario del docente hasta su jubilación. Sin duda alguna esta política de asignación salarial está relacionada con los buenos resultados que vienen teniendo las universidades públicas en los diferentes rankings internacionales que miden.

Infortunadamente, el gobierno nacional nunca realizó una simulación del impacto financiero de estos estímulos en el contexto del presupuesto de las universidades públicas; al mismo tiempo las universidades públicas han venido recibiendo del erario público (nacional, departamental o municipal) los mismos recursos (actualizados años tras año), que por ley están definidos desde el momento en que se sancionó la Ley 30 de 1991.

De alguna manera la lógica del Gobierno Nacional es ubicar como factor relevante del déficit actual de la educación superior pública, el esquema de incentivos que se adoptó para los profesores universitarios; se olvida el gobierno, que las universidades públicas fueron forzadas a ampliar su cobertura, casi triplicándola en los ocho años del gobierno del presidente Alvaro Uribe, sin recibir recursos nuevos que hicieran base presupuestal.

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Las universidades privadas de élite han comprendido que gran parte de su prestigio académico lo aporta su posicionamiento en los rankings internacionales, lo que las ha llevado a cambiar su sistema de vinculación de profesores y de incentivos a la producción. Hoy un profesor con título de doctorado y con producción académica promisoria, tiene más ventajas vinculándose a una universidad privada que a una universidad pública; infortunadamente las universidades públicas no tienen herramientas legales para “capturar” con salarios atractivos a los investigadores jóvenes que llegan al país o se forman en universidades colombianas de alta calidad.

El próximo gobierno debería abordar una iniciativa que permita calcular el costo que en que ha incurrido cada universidad pública en la ampliación de cobertura de estos últimos años y mediante una ley trasladar el presupuesto que permita sanear las finanzas de las universidades públicas.

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Sin duda alguna la política de incentivos a la producción, que está plasmada en el decreto 1279 de 2002, es uno de los aspectos que permite comprender el puesto de vanguardia que tienen universidades públicas como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Se equivoca el gobierno al identificar como el problema del déficit de las universidades públicas los salarios de los profesores.

 (*) Profesor Universidad de Antioquia