A finales de la década de 1970, las democracias en América Latina eran una rareza, pues la región estaba plagada de dictaduras militares poco respetuosas de las instituciones y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, a partir de 1978 la región vivió una ola de transiciones a la democracia que llevó a que, para inicios de la década de 1990, la única dictadura restante del subcontinente fuera el régimen castrista existente en Cuba. De esta manera, la democracia, entendida como la existencia de elecciones competitivas, pasó de ser la excepción a ser la regla en la América Latina contemporánea.

Estos avances democráticos, sin embargo, están en riesgo. Según el último informe anual de Latinobarómetro, uno de los proyectos de medición y análisis de la opinión pública más importantes de la región, los niveles de apoyo a la democracia en América Latina han descendido de manera sostenida durante esta década. En 2010, el 61% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la afirmación según la cual la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno; en 2017, este porcentaje se redujo a 53%. Además, en la región también hay una creciente insatisfacción con el desempeño de la democracia, pues mientras en 2010 el 44% de los encuestados manifestó estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia en sus países, para 2017 esta cifra fue solo del 30%.

Este desapego democrático probablemente está relacionado con el descrédito de las instituciones. Mientras que en 2010 el 45% de los latinoamericanos confiaba en el gobierno, el 34% en el parlamento y el 32% en el poder judicial, para 2017 estos porcentajes se habían reducido a 25% para el gobierno y el poder judicial, y a 22% para el parlamento. El caso más dramático es el de los partidos políticos, cuyos niveles de confianza se redujeron del 23% al 15% entre 2010 y 2017.

Lo anterior es preocupante, pues la democracia requiere de las instituciones para sobrevivir y éstas, a su vez, necesitan contar con niveles mínimos de legitimidad para resistir los embates de líderes políticos autoritarios interesados en atacarlas para instrumentalizarlas y ponerlas a su servicio. Y justamente América Latina está pasando por un momento en el que necesitará de las instituciones para enfrentar el desafío autoritario que se avecina.

En efecto, en los próximos dos años 12 países latinoamericanos tendrán elecciones presidenciales, seis en 2018 y seis en 2019. En varios países se han ido perfilando líderes con tendencias autoritarias, que representan una amenaza para el progreso democrático de la región.

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Ejemplo de ello son Alejandro Ordóñez en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil y Juan Diego Castro en Costa Rica, extremistas de derecha que esgrimen un discurso en contra de las instituciones y de los derechos de las minorías, a las cuales acusan de ser las culpables de los males de sus respectivos países, usando recursos argumentativos absurdos como la mal llamada “ideología de género”. Por otra parte, están los representantes de la izquierda autoritaria, como Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, que desde hace ya varios años han adelantado un proceso de desmonte progresivo de las instituciones democráticas en sus países en nombre de la justicia social, a la que precisamente de esta manera han terminado desacreditando como ideal regulativo de la política democrática latinoamericana.

El panorama actual es al mismo tiempo emocionante y alarmante. Como argumenta Daniel Zovatto, “el resultado de esta maratón electoral será determinante para definir las características, dirección e intensidad del cambio político que vivirá la región en los próximos años; proceso de cambio que tendrá un fuerte impacto no sólo en el interior de los países sino también en relación con el proceso de integración regional. Pero, al mismo tiempo, este conjunto de elecciones será clave para evaluar la calidad de la democracia y la integridad de estos procesos en América Latina” (Daniel Zovatto, “El súper ciclo electoral latinoamericano”). Dentro de poco tiempo sabremos qué tan resistentes son las instituciones democráticas que, con gran esfuerzo, los demócratas latinoamericanos construyeron tras la caída de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX.

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