Una cifra récord en el recaudo de regalías reportó esta semana la Agencia Nacional de Minería (ANM), al lograr $2,1 billones frente a los $1,6 billones de 2016, alcanzando una variación positiva del 25%. La suma incluye las contraprestaciones económicas derivadas de la explotación de minerales y, según explicó la entidad, el factor clave fue la recuperación de los precios del carbón, lo que permite deducir sin mayor esfuerzo que al resultado en cuestión se llegó por un factor externo y aleatorio y no directamente por una gestión planificada y sostenible, lo que nos impide sumarnos a la algarabía con que se presentaron los indicadores.

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En efecto, pese a que en 2016 Colombia tuvo una producción récord de 90 millones de toneladas de carbón, al inicio de ese mismo año la tonelada métrica se pagaba en los puertos europeos a 44,5 dólares, mientras que un año después, en enero de 2017, la recuperación había sido cercana al 60%, cotizándose aproximadamente en 76 dólares por tonelada. Al finalizar el año, según el recopilador mundial de estadísticas IndexMundi, el precio del carbón colombiano había alcanzado los 83,90 dólares por tonelada, lo que generó un mejor resultado económico a pesar de que seguramente la producción al final del año (cuyo resultado aún no se ha divulgado) estuvo lejos de la meta de 95 millones de toneladas a juzgar por la caída del 1,55% que se presentó en el primer semestre por la baja producción en La Guajira y en Cesar.

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La misma ANM dio otra pista interesante para analizar al explicar que el techo de los $2 billones en regalías solo se había alcanzado en 2012, lo que permite preguntarse qué ha fallado en la gestión de estas retribuciones en un sector que fue considerado en su momento como una “locomotora para el desarrollo” del país. Basta mirar la tabla por recurso mineral para entender la fluctuación de los aportes. Por ejemplo, las esmeraldas aportaron en 2016 $8.405.998.753 y para 2017 esa cifra cayó en 1,33% para ubicarse en $8.293.796.302; pero el hierro, por el contrario, aportó en 2017 $2.093.739.556, un 15,11% más que en 2016, cuando contribuyó con $1.818.876.843.

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El rubro que más nos llama la atención es el de los metales preciosos, dentro de los cuales se cuenta el oro, que decreció 37,3% de un año a otro, pasando de  $232.943.532.979 en 2016 a $145.945.655.986 en 2017, a pesar de lo cual es el renglón con la segunda mayor participación en el aporte de regalías, donde el carbón aporta el 87,72% y estos metales el 6,90%. Es evidente el impacto que ha tenido en la industria el debilitamiento constante que las Cortes le han causado con sus fallos y que se tradujo en una inversión extranjera directa mucho menor de la presupuestada por el sector. A pesar de la inseguridad jurídica, alienta saber que la minería de oro tiene expectativas de crecimiento muy favorables para los próximos años, gracias a la próxima entrada en producción de los proyectos San Ramón, en Santa Rosa de Osos; Cisneros y Gramalote, en San Roque, que pueden representar un crecimiento del 39% en la producción de oro para 2020.

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Si bien el sector minero solo participa del ciclo de generación de regalías, que incluye la liquidación, el recaudo y la transferencia, y que corresponde al Gobierno la distribución y el gasto, no está de más llamar la atención sobre la manera como estos recursos serán invertidos, pues como señalábamos en días pasados en estas columnas, a propósito de la crisis de Colciencias, muchos de estos recursos no han podido ser asignados debidamente por la complejidad de la presentación de los proyectos, por ejemplo, para ciencia, tecnología e innovación. Tan importante como la buena asignación es la gestión que le permita al Estado aumentar el recaudo. Al ser Colombia un país con vocación minera, el crecimiento de los aportes debería depender más de su capacidad de producción y menos de la variación de los precios en el mercado internacional.