Octubre empieza con la firma del polémico decreto sobre la dosis mínima que, en palabras del presidente de la República, Iván Duque, profundiza lo ya estipulado en el Código Nacional de Policía de 2016 y otorga a la fuerza pública la responsabilidad de decomisar y destruir la droga que sea encontrada a una persona en el espacio público. El presidente asegura que dicha medida es administrativa y, esencialmente, busca proteger a los niños en tanto evita el consumo de drogas o sustancias prohibidas en lugares públicos y busca frenar el microtráfico.

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El tema de las drogas, siempre álgido y exento de fórmulas mágicas o soluciones totales, siempre motivará un debate respecto al enfoque de las determinaciones desde los gobiernos y las consecuencias que traen estas decisiones sobre el problema. En el caso de este decreto, nace como una medida administrativa del Ministerio de Defensa, lo que representa –para diferentes expertos, como el exministro de Justicia, Yesid Reyes– un retorno al enfoque punitivo, que deja de lado la comprensión del problema como un asunto de salud pública. Además, pone en manos de la Policía Nacional la verificación de la adicción de la persona, pues si se declara adicta y lo demuestra –aunque no se sabe muy bien cómo lo puede demostrar–, la llamada dosis mínima de droga será solo decomisada y destruida, pero en caso de no poder demostrar la adicción, se contemplarán sanciones como multas.

A todas luces, esta medida –que, valga la pena decirlo, es coherente con las promesas de campaña de Iván Duque y su visión particular respecto a la protección a la niñez y la familia– es insuficiente, no solamente desde su puesta en marcha, que tiene vacíos y engendra nuevos problemas, sino también como primer paso de una denominada “política de Estado” sobre las drogas, según la llamó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, la cual se intuye desde ya como represiva y distante del enfoque integral.

Dejar en manos de la Policía Nacional el decomiso y la destrucción de la droga, plantea inquietudes naturales sobre el papel de la fuerza pública, su forma de proceder en cada caso y las oportunidades de corrupción que podría provocar. ¿Qué pasará con la droga decomisada?, ¿cómo se reportará dicha droga?, y ¿cómo se verificará que toda la droga sea destruida? ¿Cómo se podrá determinar que una persona es adicta?, ¿cómo procederán las multas?, o ¿cómo evitar que la multa degenere en sobornos? ¿A quiénes y con qué criterio requisarán para verificar si portan drogas?, ¿se harán estos operativos en todas las zonas de las ciudades, incluso en los lugares en los que se mueven las personas de estratos altos?, son solo algunas de las preguntas que aparecen respecto a la aplicación de esta medida.

Por otra parte, se sienta un precedente inicial que no parece aportar a una mirada más amplia de la política de drogas que, por ejemplo, piense más en la atención de los adictos, la comprensión del uso de la droga de manera recreativa y el derecho a la libre personalidad y, en esencia, el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”.

En 2009, en una columna de opinión, Iván Duque postulaba el ejemplo de la política sobre las drogas en Portugal como un ejemplo para América Latina, pues no se enfocaba en la represión carcelaria frente al consumo. En este artículo planteaba que: “según investigaciones Estados Unidos gasta cada año más de 40.000 millones de dólares en la lucha contra las drogas, y arresta anualmente más de un 1'500.000 de personas por posesión y consumo. La eficacia de este enfoque 'criminalista' queda en duda cuando se hace evidente que a pesar de los arrestos realizados por las autoridades se estima que existen en Estados Unidos más de 28 millones de consumidores, con tendencia a seguir aumentando (sic)”.

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Aunque esta primera decisión aún no va completamente en contravía de lo que él mismo proponía hace unos años, es indispensable que próximas decisiones se basen en “evidencias e incentivos”, como él mismo decía en ese texto, y menos en la agilidad por mostrar resultados que, además, se concentran en el eslabón más débil de la cadena y no “en perseguir a los peces gordos de la cadena criminal de las drogas”, como sí lo hizo Portugal, y como el mismo Duque lo destacaba en su columna.

Nota de cierre: “desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo”, dice un refrán paisa.