El juez segundo penal de Medellín dictó medida de aseguramiento intramural contra el secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, y el asesor de ese despacho, Mariano Zea Ospina, dando así continuidad al proceso penal abierto por la Fiscalía General de la Nación contra los investigados por concesiones a grupos ilegales de Medellín. El juez justificó su decisión para evitar el uso sus influencias en la investigación en su contra. En el marco de nuestro histórico respeto a instituciones y sujetos procesales, nos abstenemos de opinar sobre la causa penal, pero sí vamos a informar sobre el desarrollo del proceso, vigilando el respeto al debido proceso y cumpliendo nuestras obligaciones con la sociedad, buscaremos esclarecer cómo organizaciones criminales corrompen a funcionarios, que arriesgan inteligentes avances en el reconocimiento de la operación de esos grupos, así como la vida y seguridad de compañeros y antecesores que ponen en peligro sus vidas, y las de los suyos, buscando la desestructuración de las bandas y la captura de sus capos.

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La causa que hoy nos ocupa exige diferenciar las responsabilidades penales, que esclarecerá la justicia, de las políticas, que deben ser exigidas por los electores del alcalde y los ciudadanos que, no habiéndolo elegido, acatamos su autoridad como mandatario de Medellín.

Gustavo Villegas llegó al gobierno rodeado de interrogantes por su papel en la ?donbernabilidad? en tiempos del alcalde Sergio Fajardo, y por contrataciones con la empresa Seguridad Total, por las que el alcalde Alonso Salazar le exigió renunciar a dirigir los juegos Odesur. A pesar de ello, el alcalde Federico Gutiérrez le dio confianza como jefe de la Secretaría de Seguridad, o sea responsable de la política de lucha contra la criminalidad, prioridad de su programa de gobierno y del plan de desarrollo. En tanto responsable político, el alcalde no puede eludir dar explicaciones sobre los antecedentes y consecuencias de los pasos con que sus subalternos alteraron la ruta de Medellín en materia de seguridad. Y es que, según las explicaciones de los procesados y de opinadores que los respaldan, Gustavo Villegas lideraba la construcción de un documento jurídico que en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, definiría el modelo de sometimiento a la justicia para los miembros de la banda ?la oficina?, ofreciéndoles rebajas de penas.

La ciudadanía merece que se le aclaren incoherencias entre el enfoque anunciado públicamente (ver frase) por el alcalde que desechó tratativas, no aplicadas en el pasado reciente en Medellín, entre las instituciones del Estado y organizaciones criminales. Dadas las noticias, quedan preguntas sobre el conocimiento que el doctor Gutiérrez tenía de los pasos de su secretario de Seguridad y el asesor en esta materia, el aval que les había dado; si la respuesta fuese negativa, debería explicar cómo vigila a sus subalternos, en particular a los más cercanos y en quienes confía las máximas responsabilidades.

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El alcalde de Medellín tampoco ha aclarado si el presidente de la República había sido informado directa y claramente sobre esta tentativa de amoldar a las bandas criminales las normas acordadas con las Farc, para buscar su sometimiento a la justicia, y tampoco si después de recibir la información, habían obtenido autorización expresa de la Presidencia de la República para intervenir en la seguridad, disposición exigida por el ordinal 4 del Artículo 189 de la Constitución, el cual fija como función exclusiva y excluyente del Presidente de la República, la de ? conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado?. Dado que las autoridades municipales no han podido precisar si informaron al vicepresidente, a la Oficina del Comisionado de Paz, y la respuesta que recibieron, las informaciones que aún la Presidencia no ha dado serán claves para avanzar en el conocimiento y aclaración de un episodio de la más grave categoría en nuestro gobierno local.