Con la solicitud de la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia para que declare precluido el proceso por acoso sexual contra Jorge Armando Otálora, petición que será resuelta el 13 de marzo, ha quedado a la luz el cinismo de los grandes medios de comunicación que en enero de 2016 animaron la defenestración del defensor del pueblo y hoy, cuando apenas mencionan la decisión del investigador, pretenden borrar palabras y publicaciones condenatorias contra el exfuncionario.

En enero de 2016, Jorge Armando Otálora, avanzaba en una gestión protectora de las víctimas y las comunidades vulnerables que fortalecía a la Defensoría del Pueblo, tras años de sombría atención a sus obligaciones como cabeza de los Derechos Humanos en el Estado colombiano. Su gestión se interrumpió con denuncias de su asistente por acoso laboral y sexual, hechas a los medios de comunicación; estas, que fueron apoyadas por un directivo y un sindicato de la entidad, encontraron eco en redes sociales y medios de comunicación. En aquel momento, algunos leídos y escuchados periodistas se autoerigieron en tribunales que osaron calificar las escasas pruebas unilaterales que les entregó la denunciante, para juzgar y condenar al funcionario, que hubo de renunciar antes de que se produjeran decisiones disciplinarias y judiciales sobre su actuar. El matoneo mediático abrió camino a procesos disciplinarios y judiciales llevados con rigor y en busca de la verdad, que ahora entregan resultados.

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En enero de 2017, los medios de comunicación fueron discretos, y las redes sociales silenciosas, para anunciar la decisión de archivo de la investigación disciplinaria tomada por la Procuraduría General, entidad que al suspender por tres meses al directivo había dado muestras de la firmeza con que abordaba el caso. La frugalidad para dar la noticia se repite ahora que la Fiscalía anuncia haber investigado durante poco más de dos años y no haber hallado pruebas que le permitan incriminar al abogado Otálora.

La actuación de medios, redes y hasta voceros políticos, contribuye a acrecentar las confusiones de la ciudadanía sobre los crímenes de acoso y abuso sexual, las necesidades de sus víctimas y el tratamiento a los culpables de perpetrarlos.

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En lo atinente al abogado Otálora, la campaña fue eficaz a los intereses de quienes pretendieron aniquilar su brillante carrera profesional, que tuvo hitos como su actuación como vicefiscal general de la Nación, acompañando a Mario Iguarán, y su actuación como defensor del Pueblo cargo para el que fue elegido por la Cámara de Representantes, con 126 de los 166 votos posibles. Tal daño, bien lo saben quiénes lo infligieron, no se subsana con el archivo de la causa en la Procuraduría o con la preclusión del proceso penal solicitada por la Fiscalía General.

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Ahora, en lo que concierne a las mujeres que sí han sufrido acoso y abuso sexual, el escándalo, y su final desinflado, más que ayudarlas a poner en escena la gravedad de estos crímenes y la indolencia de los verdaderos victimarios, como lo han sido los jefes de las Farc, las oculta y minimiza. De esa manera, y aunque esa tal vez no es la intención de la mayoría de los generadores del espectáculo mediático contra el exdefensor, se trivializa un delito de suma gravedad, facilitando que los responsables de perpetrarlo obtengan la impunidad que tanto buscan. Flaco servicio pues, este que prestan los justicieros a las verdaderas víctimas de abuso y acoso sexual en el país. 

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