Aunque una serie de comunicaciones entre autoridades reactivaron la disputa territorial por ese corregimiento, la decisión judicial final sigue en manos del Consejo de Estado.
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Un reciente cruce epistolar entre el departamento de Antioquia y la nueva dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazi, Igac, volvió a revivir el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por el corregimiento de Belén de Bajirá y otros poblados antioqueños de la subregión de Urabá.
La repentina reaparición de este conflicto territorial llevó a que en forma ligera se propalaran informaciones tendenciosas y erradas en torno a que ya se había producido una decisión judicial a favor de una de las regiones enfrentadas, lo que está muy lejano de la realidad, pues el proceso sigue aún en manos de los operadores judiciales.
En Antioquia hay dos personas que siguen muy atentas el desarrollo de este caso entre esos dos departamentos vecinos. Por un lado el diputado Norman Correa y en otro sentido el abogado Guillermo Mejía Mejía en su calidad de asesor del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.
El profesor, político y corporado reveló que el mandatario seccional dirigió una comunicación a la nueva directora general del Igac, Eva María Uribe Tobón, pidiéndole que echara para atrás los actos administrativos mediante los cuales se fijó un nuevo mapa y se adelantó un amojonamiento entre ambos departamentos, que había impuesto el anterior titular de ese Instituto, en la era del pasado Gobierno Nacional, Juan Antonio Nieto Escalante, quien fue declarado persona no grata por la Asamblea Departamental de Antioquia.
A ese escrito del Gobernador la directora del Igac del actual gobierno del presidente Iván Duque respondió, según comentó el diputado Correa, en forma muy política pero también muy jurídica, en el sentido que la vía administrativa está superada porque Antioquia solicitó anulación ante el Consejo de Estado y pidió medidas cautelares para evitar la entrada en vigencia de los actos administrativos.
Recordó también que el Consejo Estado aceptó las demandas de Antioquia, pero negó otorgar las medidas cautelares.
La directora del Igac también en forma muy inteligente dijo que no podía tirar para atrás un acto administrativo que ya está en comisión de estudio judicial y que se tiene que atener a las disposiciones y fallos que emita el Consejo de Estado o el Senado, que son los competentes para la solución de los diferendos limítrofes.
“Ella deja este asunto quieto, sin avanzar a favor del Chocó, pero tampoco accediendo a la solicitud del gobernador que se anulen los actos jurídicos por vía administrativa. En otras palabras quiere decir que como Antioquia ya demandó, entonces a ella le toca esperar lo que diga el Consejo de Estado”, explicó el diputado Norman Correa.
Sin embargo, alertó que no se entiende que mientras la directora deja este asunto congelado a la espera de un fallo de la justicia, al mismo tiempo un subalterno suyo, Willy Rodrigo Cortés Zambrano, subdirector de Catastro, envió una comunicación al director de Catastro de Antioquia, Luis Gonzalo Martínez, pidiendo las fichas catastrales que tiene Antioquia sobre Belén de Bajirá o que se las traslade al Chocó.
Frente a esto, Antioquia también respondió con vehemencia haciendo ver que el levantamiento de las fichas catastrales costaron tiempo, dedicación y presupuesto y fue muy claro en decir que ese trabajo no lo van a regalar. Recalcó este departamento que el Senado, que es el que resuelve los diferendos territoriales, no ha dicho la última palabra.
Por su parte, el asesor Mejía Mejía hizo claridad sobre en qué va este pleito entre esos departamentos acerca de los límites de las dos entidades territoriales y dijo que este caso tiene dos frentes.
Uno es de carácter administrativo, en el Igag, en donde continúa la presión para que Antioquia entregue todas las bases de datos catastrales al vecino, información necesaria para conocer el inventario o censo actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el fin de lograr su identificación física, jurídica, fiscal y económica, según dice la resolución 0070 de febrero de 2011 de esa institución.
El otro frente es el judicial, en el Consejo de Estado, en donde cursaban dos demandas instauradas por Antioquia, una contra un acta suscrita por funcionarios de la Presidencia de la República, funcionarios de la Gobernación del Chocó y algunos particulares, mediante la cual se ponía fin a un paro cívico, propiciado por las mismas autoridades departamentales.
En esa acta, el Gobierno Nacional de ese entonces, el de Juan Manuel Santos, encabezado por su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, se comprometió a impulsar en el Congreso una definición de límites entre los dos departamentos, en la cual el corregimiento de Belén de Bajirá quedaría dentro de la geografía chocoana.
La segunda demanda es contra el acto administrativo de publicación del mapa “oficial” entre los dos departamentos, documento en el cual este corregimiento y otros tres, ubicados en el territorio del municipio de Turbo, como son Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, pasan a la jurisdicción del Chocó.
Estas dos demandas, luego de resolverse un problema de recusación presentada por el abogado del Chocó contra la magistrada ponente, fueron acumuladas en un solo proceso, dentro del cual aún ni siquiera se ha decretado la apertura de pruebas, según informó el apoderado de Antioquia, Ricardo Hoyos, al propio asesor del Gobernador Guillermo Mejía.
Este último sostuvo que lo ideal sería que fuera el Consejo de Estado el órgano competente para definir cuál es la entidad estatal que debe asumir la responsabilidad de la delimitación fronteriza que, a no dudarlo, es el Congreso Nacional, según lo prescribe el artículo 290 constitucional y la ley 1447 de 2011.
Si el Congreso Nacional define que los cuatro corregimientos continúan en Antioquia, todo este proceso de presión del Igag para pasar todos los servicios públicos de educación, salud, obras públicas, mantenimiento de vías, entre otras al Chocó, habría que retrotraerlo con el consecuente traumatismo administrativo que esta inseguridad acarrea.
Mejía Mejía comentó nuevamente que algo tiene que haber muy atractivo para las autoridades del Chocó, en ese territorio en disputa, porque se han dedicado estos cuatro años del periodo de su actual Gobernador, a lograr por todos los medios asegurarse esa parte del territorio de Antioquia para el de ese Departamento.
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