Con Asambleas Permanentes, estudiantes y profesores de las universidades públicas del país exigen un cambio estructural urgente en la Ley 30 de 1992, además de otras peticiones que contribuyen a la crisis de la educación superior en Colombia.
Diferentes actividades hacen los estudiantes de las universidades públicas de la ciudad mientras están en Asamblea Permanente con el fin de socializar la situación, sus propues
Las Asambleas Permanentes que se adelantan dentro de algunas de las universidades públicas del país son una figura política que lo primero que indica es una “posición de rechazo absoluto, de rompimiento con lo normal y dentro del cual se busca generar un espacio que no permita la desmovilización de las partes, bien sean los profesores o los estudiantes, para facilitar las discusiones que en otros escenarios no se dan”, así lo explicó el profesor Óscar Zapata, presidente de la Asamblea de Profesores que se cumplió este viernes en la sede de la Universidad Nacional en Medellín.
Esa figura, adoptada por las dos universidades públicas de la ciudad, la Universidad de Antioquia y la misma Unal, es la que ha permitido que en el interior de estos claustros universitarios se vengan discutiendo salidas la crisis por la desfinanciación de este tipo de educación superior en el país.
Pero, adicionalmente, esta es una figura de “protección laboral”, en términos de que a los profesores de las universidades públicas les tienen prohibido salir a paro, entonces esta instancia de anormalidad académica asegura que no sean retirados de sus cargos como formadores universitarios por no estar dando clases en el momento.
El escenario es el siguiente, tanto profesores como estudiantes declarados en asambleas permanentes interrumpen la terminación del vigente semestre en las universidades públicas del país, pues al no cumplir con las clases el calendario académico se altera y ahí ya se tiene otro lío más; aunque, Alejandro Palacio, representante de los estudiantes de la Unal, expresó que por el momento no hay inclinación alguna a retomar las clases, “exigimos una solución clara, apoyamos la Asamblea Permanente de Profesores y continuaremos buscando que se solucione esta crisis estructural”, dijo.
Como se está ventilando la aprobación del presupuesto público de este país para la vigencia fiscal de 2019, los actores del sistema de educación superior público, tanto maestros, como estudiantes, empleados y directivos, están actuando ya para asegurar la financiación total de sus servicios para el año que se viene, con un incremente al monto ya presupu estado, y de fondo, se maquina ya una reforma estructural para que en el 2020 no se esté sufriendo otra vez por lo mismo.
Cabe destacar que en los claustros de la UdeA y la Unal en Medellín se continúa con actividades académicas tales como los desarrollos de investigaciones y actividades de tipo experimentales, es decir, se sigue trabajando en investigación y extensión; de esta forma, las universidades públicas en la ciudad siguen activas, lo que sí está suspendido son las clases de docentes en los pregrados.
Obviamente, con base en el calendario académico hay un retraso, aunque es “de pocas clases, tendríamos la posibilidad de correr el semestre hasta los últimos días hábiles del año, y en mi opinión se debería partir el semestre y terminar el semestre académico en enero o febrero”, relató Fernando Orozco, docente representante ante el Consejo de Sede de la Unal Medellín.
Con este performance humano, en el cual se formaron las letras S.O.S. con los cuerpos de los estudiantes, en las universidades públicas de Medellín se hizo un acto de protesta y a la vez se quiso enviar el mensaje de que la crisis "es muy grande", expresó Javier Ortíz, líder de los estudiantes de la Unal sede Medellín.
Los profesores se han venido reuninendo en los Encuentros de Universidades Públicas, discutiendo las salidas a la desfinananciación, lo que llaman pérdida de la autonomía en las universidades y la problemática que enfrentan con la reforma tributaria de 2016, que “golpeó fuertemente” los salarios de este gremio.
Aunque las Asambleas, cada una, en solitario y a razón de sus otras problemáticas internas, elaboraron su pliego de peticiones o propuestas de salidas a esta crisis, también, en consenso, definieron unos puntos problematizadores, que esperan poderlos socializar de darse la mesa nacional para coordinar el movimiento en defensa de la educación pública.
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Entretanto, una de las acciones que se han planteado en la Asamblea Permanente de Profesores de la Unal es la presentación de dos demandas por inconstitucionalidad de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la Educación Superior, y la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adoptó una reforma tributaria estructural; cabe destacar que de esta última ya Asoproudea, Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, presentó un demanda.
Y es que los profesores de las universidades públicas del país dicen vivir un momento crítico. “Con la imposición del límite a las deducciones y exenciones hasta del 40% de ingresos netos, se nos eliminó, de forma tácita no expresa, el derecho adquirido a la exención de un 50% del salario que se tomaba como gastos de representación, y que estaba exento del impuesto a la renta (Art. 206, Estatuto Tributario)”, dice en un comunicado la Asoproudea, declarada en Asamblea Permanente a partir del pasado 23 de agosto.
Finalmente, el profesor Plinio Teherán, miembro de la Asamblea de Maestros de la Unal Bogotá, contó que los docentes de esa sede, reunidos el jueves que pasó, decidieron apoyar las agendas del 2 y el 10 de octubre, referentes a las movilizaciones, y dependiendo de cómo estén las movidas en el Congreso, para el 20 de este mes instaurar el paro nacional indefinido.
Y esa es una dinámica que también aprueban otras Asambleas Permanentes en otras universidades públicas del país.
“El sistema de educación superior comprende cuatro categorías, universidades, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, las instituciones tecnológicas y las técnicas profesionales.
El sistema de educación superior está compuesto por 297 instituciones, de ellas 86 son universidades y 211 no tienen esa categoría. En la parte pública, básicamente el Estado, llámese Nación, departamento o municipio, es quien está en el deber de apoyar económicamente a estas instituciones.
Las instituciones públicas en Colombia hoy son 84, de ellas hay 33 universidades y 51 que no lo son, pero de este último grupo hay unos que tienen fuente de financiación directa, se llaman Instituciones de Educación Superior Especiales, ahí están las militares y el Sena, y quedan 31 establecimientos públicos que realmente no tienen sino como fuente de financiación fundamentalmente las matrículas. A raíz de esto, se está buscando que en el Congreso se apruebe un artículo para que la financiación no sea sólo para las universidades sino para las instituciones de educación superior pública, con el propósito que cuando haya distribución de recursos también puedan incluir las que no tienen categoría de universidad”, relató Lorenzo Portocarrero, representante de las instituciones universitarias ante el Consejo Nacional de Educación Superior y rector del Tecnológico de Antioquia.
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