La propuesta, que deberá ser aprobada por el Parlamento estatal, también contempla como delitos nuevos el no informar o proteger a los menores de los abusos sexuales, seducir a un adulto para obtener acceso a un menor y el tocamiento sexual de un niño bajo cuidados especiales.
El Gobierno del estado australiano de Nueva Gales del Sur anunció este martes que impondrá sanciones más duras contra la pederastia, incluida la cadena perpetua para casos reiterados de abuso sexual de menores.
La reforma del código penal de esta jurisdicción responde a las recomendaciones del informe publicado en diciembre por la Comisión gubernamental que investigó la respuesta de las instituciones australianas a los abusos sexuales.
“Esta reforma está diseñada para dar a los sobrevivientes la justicia que merecen e imponer sanciones más duras a los agresores por los espeluznantes abusos a los niños", dijo la jefa el gobierno estatal, Gladys Berejiklian.
La propuesta, que deberá ser aprobada por el Parlamento estatal, también contempla como delitos nuevos el no informar o proteger a los menores de los abusos sexuales, seducir a un adulto para obtener acceso a un menor y el tocamiento sexual de un niño bajo cuidados especiales.
Los delitos de pederastia en este estado se castigaban hasta ahora con una pena máxima de 25 años de prisión, pero con la reforma la condena podrá ser de cadena perpetua cuando el abuso de menores sea cometido de forma "persistente".
Otro cambio evitará que las víctimas tengan que demostrar que los abusos se realizaron en circunstancias específicas, así como en lugares y fechas específicas.
"No será necesario probar fechas y lugares específicos para establecer que se realizó un abuso sexual persistente", dijo el fiscal general de Nueva Gales del Sur, Mark Speakman.
La reforma, en cambio, no incluye la recomendación de la comisión de obligar a los religiosos a denunciar los casos de pederastia que conozcan a través de la confesión.
La comisión investigó durante cinco años la respuesta a la pederastia en organizaciones públicas y religiosas, incluidas las pertenecientes a la Iglesia católica, con entrevistas a más de 8.000 víctimas de abusos cometidos en más de 4.000 centros desde la década de 1920.