Las comunidades, organizaciones, asociaciones, Gobierno Nacional, la Gobernación de Caquetá, el alcalde del municipio de La Montañita y representantes de las Farc se comprometen a iniciar el proceso de diálogo para que en las veredas restantes del municipio en donde existan cultivos de uso ilícito se logre un acuerdo de sustitución voluntaria,
Representantes de 25 veredas en inmediaciones del municipio de La Montañita (Caquetá), concertaron, en un diálogo público y abierto con representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal, y las Farc, iniciar la sustitución de cerca de 213 hectáreas de cultivos de uso ilícito en la región, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis).
Este pacto colectivo, que parte del compromiso de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los procesos de sustitución voluntaria, beneficiará a alrededor de 453 familias de la región y contará con la participación activa y permanente de todos los miembros de la comunidad, así como de la alcaldía local y el gobierno departamental.
“Estos procesos de sustitución significan iniciar la transformación de las regiones. Los acuerdos para la sustitución voluntaria nos permiten dar el primer paso en el fortalecimiento de la presencia institucional.”, así lo explicó Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas de la Alta Consejería para el Posconflicto, en la jornada que se llevó a cabo en el municipio.
Así, las veredas de: Palma Azul, Palma Azul Coconuco, El Carmen, La Carpa, Balcones, Palma Arriba, Maquencal, Paujilera, Treinta Alto, La Tigrera, Agua Blanquita, Los Morros Alto, Agua Bonita, Agua Blanca, Villa Rica, Villa Rica Baja, Cedro, Los Morros, Las Juntas, Alto Jordan, Cedrito, La Nutria, El Guamo, La Florida y Las Juntas, se comprometieron a poner en marcha la sustitución de cultivos de uso ilícito, proceso que contará con acompañamiento permanente por parte del Gobierno Nacional, asistencia técnica y veeduría ciudadana
La jornada contó con la participación de Jorge Pulecio, coordinador de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía, quien expresó la voluntad de la institución de aportar en la asistencia técnica para la construcción de alternativas productivas sostenibles de la mano de los campesinos que suscriben el acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Así mismo, se contó con la presencia de un representante de la misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
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¿Qué contempla este acuerdo?
Este acuerdo aporta en gran manera a la meta que tiene el Gobierno Nacional, de sustituir de manera voluntaria 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, acordado con la comunidad, contempla:
Primer año:
- Remuneración de $1’000.000 mensuales por trabajo, para cada familia de las zonas que se vinculen a los acuerdos.
- Por una sola vez, se entregará a cada familia $1’800.000 para un proyecto que garantice su seguridad alimentaria de manera inmediata.
- $9 millones para un proyecto de ingreso rápido.
Segundo año:
- $10 millones para un proyecto productivo.
- Programas de alimentación escolar y para la tercera edad.
- Formalización de la tierra y créditos blandos.
Cabe destacar que todos los acuerdos colectivos contarán con los mecanismos de veeduría, interventoría, verificación de cumplimiento de los acuerdos, rendición pública de cuentas, instancias de seguimiento y monitoreo.